La totalidad de los 313 concellos de Galicia fueron objeto, en mayor o menor medida, de quejas ciudadanas formuladas el pasado año ante la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, institución que vio como subían a casi tres mil los expedientes recibidos en 2020. Y entre esa extensa nómina de entidades municipales contra las que se presentaron quejas, el Concello de Pontevedra se sitúa en el primer lugar de Galicia. Es el consistorio contra el que más reclamaciones se formularon entre todos los de la comunidad, un total de 67, casi el doble que el segundo, el Concello de Santiago, que recibió 36 quejas. El de A Coruña figura en tercer lugar con 32 y el de Vigo es el siguiente, con 27.
El aumento del IBI entre los vecinos de Santa María de Xeve es la principal razón de que Pontevedra se haya situado el pasado año como el concello con más expedientes por parte de la Valedora do Pobo, ya que este asunto motivó 44 escritos vecinales. El incremento del IBI fue causa de malestar recurrente en los meses pasados, en buena parte a causa de una regularización catastral realizada por el Ministerio de Hacienda, que incluyó como bienes sujetos al impuesto propiedades rurales por las que antes no había que pagar.
Fue en 2019 y 2020 cuando muchos vecinos sufrieron en sus carnes ahora las consecuencias de la revisión catastral que realizó el Gobierno central el ejercicio anterior en Pontevedra. Y es que aquella inspección detectó numerosas construcciones auxiliares en el rural (se centró en galpones, garajes y piscinas) que o bien no estaban dados de alta al no estar sujetas a este régimen o su valor catastral fue revisado al alza.
Esas modificaciones realizadas por el Catastro fueron trasladadas al concello, que las dio de alta en el padrón del IBI tal y como corresponde, y comenzó a emitir los recibos correspondientes a estos incrementos catastrales. Según confirman desde el propio ayuntamiento, fueron muchos los vecinos que pidieron explicaciones, por lo que incluso se abrió una oficina de atención a todos los afectados cuyas propiedades fueron objeto de revisión por parte del Catastro.
Por detrás de Pontevedra, aunque a mucha distancia, figura el Concello de Sanxenxo, contra el que se formularon el pasado año 9 quejas, mientras que el de Poio fue objeto de otras 8. Con cuatro está Vilaboa y con tres aparecen Marín, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade y Portas. Campo Lameiro acumuló dos y con una figura Barro, Caldas, Cuntis, A Lama y Moraña.
A lo largo del pasado año, la Valedora de Pobo presentó ante el Concello de Pontevedra varias recomendaciones, que todas fueron aceptadas, y que afectaban a asuntos tan variados como la asignación del Servizo de Axuda no Fogar, hasta la inspección de los “lombos”.
Este último apartado es una queja habitual entre los conductores pontevedreses, si bien no es habitual acudir al Valedor. En 2020 un vecino sí utilizó esta vía para protestar por la falta de respuesta municipal a su exigencia de que el Concello adaptara varios “lombos” a la normativa. Entre otros, citaba los casos de Alexandre Bóveda, avenida de Lugo, Barcelos, varios existentes en Monte Porreiro, en Eduardo Pondal o Xoán Manuel Pintos. Al margen de quejarse de su diseño o distancia entre ellos, el autor de la iniciativa denunciaba la falta de respuesta municipal, ante lo que Dolores Fernández amonestó al gobierno local diciendo que “la Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella debiendo ofrecerle una respuesta por escrito que además sea directa, rápida, exacta y legal, fundada en tiempo y forma y congruente, todo ello con prontitud y sin demoras injustificadas”.
En otro expediente se le recordaba al Concello su obligación de “comprobar si las actividades que se llevan a cabo en naves comerciales están en posesión de las licencias y autorizaciones que exige la normativa”. También fue aceptada y obedecía a una queja por una nave que funcionaba sin licencia y aunque hubo alguna orden de inspección , “no consta que el Concello comprobase” la denuncia “y el “local sigue abierto”.
La memoria de 2020 de la Valedora hace referencia a un asunto por “el retraso de la efectividad del Servizo de Axuda no Fogar” ya aprobado, y una sugerencia dirigida a las siete grandes ciudades gallegas “sobre la problemática del Síndrome de Diógenes y la actuación al respecto de los servicios sociales.
Además de Pontevedra, el balance del pasado año de la Valedora do Pobo menciona expedientes concretos referidos a otros concellos de la comarca, entre ellos un aviso al de Vilaboa por la presencia de perros sueltos en la playa de Deilán, a raíz de una queja de una familia de que un menor había sido mordido por uno de esos animales. En Barro se tramitó una queja por el abandono del cruceiro de Faxil, un asunto que ya está en proceso de solución porque comenzaron los trabajos de restauración, según informó recientemente la asociación que formuló la reclamación.
En Sanxenxo, la institución recomendó al Concello que fuese flexible ante la posibilidad de trasladar contenedores de basuras en el paseo de Silgar y reprendió su “inactividad” en una denuncia urbanística, una queja que también se formuló contra el Concello de Marín. Cerdedo-Cotobade fue denunciado por lo atender una reclamación relativa a la subasta de unos caballos.
Más de 1.180 firmas contra la Variante de Alba
La Valedora do Pobo recibió varias quejas colectivas, como la de casi mil personas contra las altas temperaturas de un centro escolar en Salceda de Caselas o los 120 vecinos que se oponían a unos “lombos” en Cambados. Pontevedra no fue ajena a este fenómeno, aunque en este caso la queja no se formulaba contra el Concello, sino contra la Consellería de Infraestruturas, impulsora de la Variante de Alba. Fueron 1.181 firmas las que sustentaban la reclamación ante la Valedora do Pobo contra la “autovía” diseñada entre la PO-531 y la N-550.
Se da la circunstancia de que esta polémica acaba de resucitar con la propuesta recién lanzada por el Concello para ejecutar ese vial, por el mismo trazado pero con un tratamiento “urbano”, no de autovía. En el expediente abierto por Dolores Fernández se informó a los afectados que “la institución no iba a practicar en principio más actuaciones y dispuso su archivo provisional”, aunque podría reabrirlo si varían las circunstancias. Esgrimía la Valedora que se trataba de un proyecto aún en fase de consultas e información pública. De hecho, el vial aún no ha pasado del papel.
Además de este asunto, la Valedora tramitó otras quejas llegadas desde Pontevedra, como la formulada por un menor del Centro Avelino Montero por “no poder instalar una memoria USB en la televisión del centro” y por las “carencias en los cuartos de baño”. También una pontevedresa denunció las “humedades en la vivienda de alquiler asignada, con filtraciones procedentes de la fachada en la habitación de su hijo asmático”.
