Más de medio centenar de vecinos se movilizó ayer en protesta por la demolición de 8 de los 16 chalés de la urbanización Mar Tambo, ubicada frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas, y cuyo derribo, que temen inminente, ha ordenado la Axencia de Protección da Legalidade (APLU).
Tras pancartas en las que podía leerse “Mar Tambo no se tira” “Sin orden ministerial no hay derribo”, los afectados, sus familias y otros residentes del municipio de Poio realizaron una marcha por la PO-504 en Chancelas, para posteriormente leer un manifiesto en la misma urbanización.
La manifestación cortó la carretera durante unos minutos y provocó retenciones en un momento de la tarde de tráfico denso en dirección a las playas.
Xosé Ríos, uno de los afectados, explicó que tras conocer el proyecto de derribo de la APLU (“un proyecto que tuvimos que conseguir allí, porque no nos lo daban y cuando accedieron fue cuando amenazamos con encerrarnos en las oficinas”, criticó) la sorpresa es que “pretenden ejecutarlo y ya están incluso pensando en licitar la obra. Nos parece que corren demasiado, porque aquí hay viviendas que tienen licencia de primera ocupación”, manifestó.
“Pretenden ejecutar el derribo y ya están incluso pensando en licitar la obra. Nos parece que corren demasiado, porque aquí hay viviendas que tienen licencia de primera ocupación”
También incidieron los afectados en que la obra de derribo será “técnicamente muy difícil”. Recordaron en este punto que la sentencia “condena solamente a 8 viviendas, pero a mayores hay un condicionante jurídico: el deslinde oficial por donde empezar a medir los 100 metros” (de afectación pública).
Desde la playa de Ouriceira hasta los chalés ha de haber 100 metros de distancia, “pero ese deslinde”, señala Xosé Ríos, “no fue publicado todavía, no es oficial porque no hay orden ministerial, y sin ella, como marca la ley, no hay deslinde oficial”, de modo que la pretensión de la APLU de poner en marcha los derribos “nos parece una temeridad”.
También lo consideran “una acción discriminatoria, porque estamos viendo que otras irregularidades urbanísticas no tienen el mismo trato de la Xunta, no se corre tanto ni se dan tanto apuro”.
Entienden que el derribo “no mejoraría en nada el medio ambiente, al revés, va a provocar escombros, un impacto visual, y afectará a viviendas que son legales. No se gana nada”.
Citó el caso de Ence “donde se buscan soluciones” y también “el Talaso de Baiona, donde se buscan soluciones, y aquí se opta por la medida más tremenda: primero multas coercitivas, después el desalojo de familias y, por último, el derribo costeado por los propietarios”.
Consideran “una excusa la servidumbre de protección al medio ambiente”. Muy al contrario, entienden que el derribo “no mejoraría en nada el medio ambiente, al revés, va a provocar escombros, un impacto visual, y afectará a viviendas que son legales. No se gana nada”.
Xosé Ríos incidió en que los afectados “quisimos pedir la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para que nos explique en qué medida esto supone una mejora, pero seguimos esperando que nos llame”. Confían en que la unidad vecinal “haga recapacitar” y el problema tenga finalmente una solución política.
