En 2015, la cuota media mensual que había que pagar por el alquiler de una vivienda en Pontevedra era de 361,4 euros. Seis años después, entre enero y abril de 2021, esa cifra ya es un 37% más elevada y llega a los 487 euros mensuales, lo que sitúa a la ciudad del Lérez en la tercera más cara de Galicia, solo por detrás de Vigo (527,3) y A Coruña (526,2) y por delante incluso de Santiago, una ciudad que por su elevada población universitaria registra un activo mercado de arrendamiento de pisos. En Compostela, el precio medio es de 456,7 euros.
Todos estos datos forman parte del Observatorio da Vivenda de Galicia, que tiene en marcha el IGVS y que analiza con detalle el panorama inmobiliario gallego. Además de los precios, el informe reúne el número de contratos que se firman a lo largo del año. Es en este segundo apartado donde Pontevedra se sitúa en el furgón de cola de las siete principales ciudades. Así, en A Coruña se firmaron el pasado año casi 5.300 contratos y otros 4.900 en Vigo, mientras que en Pontevedra solo se llegó a 1.038, por delante de los 748 de Ferrol, pero por debajo de Lugo (1.373), Ourense (1.712) y Santiago (2.450). En los cuatro primeros meses de 2021, la tendencia es similar, con 290 contratos en Pontevedra frente a los 500 de Compostela o los 282 de Lugo.
Esta diferencia de datos (precios elevados y pocos contratos) es una constante a lo largo de los siete años analizados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo en la urbe del Lérez. De hecho, a día de hoy se constata una media de 73 alquileres mensuales, una cifra que fue algo mayor en el periodo 2017-2019, cuando se superaban los 90 contratos cada mes, mientras que en 2015, 2016 y 2020 se rebasó siempre la barrera de los 80.
Pacto 2021-2025
El IGVS acaba de aprobar el Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025, un documento que señala que el alquiler “debe ser la forma preferente de acceso a la vivienda pública”, por lo que anuncia que el Instituto “mantendrá un parque público de viviendas de su propiedad, arrendado a familias de escasos recursos, que actualmente supera las 3.700 unidades”.
Añade que “este parque se verá incrementado con nuevas construcciones y otras adquiridas y rehabilitadas por el IGVS. La vivienda pública en alquiler estará destinada preferentemente a unidades familiares o unidades de convivencia con ingresos familiares que no superen 1,5 veces el IPREM”. Dentro de esa “línea estratégica” se apuesta por “ayudas al pago del alquiler. La cuantía de las ayudas se establecerá en las bases reguladoras del programa correspondiente con una cuantía máxima mensual y el establecimiento de un límite máximo de ingresos. Se convocará un procedimiento de concurso competitivo en el que, al menos, se tendrán en cuenta las circunstancias económicas y personales de los solicitantes. Esta ayuda se concederá por un período de doce meses y podrá prorrogarse en caso de que se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión”.
Inmuebles vacíos
También se apuesta por movilizar viviendas vacías, “un programa que será gestionado directamente por el Instituto Galego de Vivenda e Solo y contará con la colaboración de agentes inmobiliarios y gestores inmobiliarios con el objetivo de movilizar el mayor número posible de viviendas vacías de propiedad privada para que se incorporen al mercado de alquiler asequible para inquilinos”.
Este Pacto subraya que “la vivienda pública es la única vía de acceso a la vivienda para muchas personas y familias, especialmente para quienes viven en las siete grandes ciudades de la comunidad autónoma. En estas localidades, donde la vivienda libre aún mantiene altos precios, es donde hay un mayor número de personas con dificultades para acceder a la vivienda, y por lo tanto es aquí donde debe concentrarse el esfuerzo inversor del IGVS para su construcción. Así, estos deben promoverse donde exista demanda probada según los datos del Rexistro de Demandantes y de forma prioritaria en las siete grandes ciudades de Galicia”.
“En este sentido, es importante la participación activa de los concellos para que, en el marco de sus competencias, desarrollen iniciativas urbanas para tal fin. En cualquier caso, cuando las actuaciones correspondan a la Xunta de Galicia, deberán llevarse a cabo en colaboración con los concellos, con el fin de planificar adecuadamente su ubicación, gestión urbanística y financiación. Actualmente, la Xunta de Galicia dispone de suelo residencial para vivienda protegida en las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra y está desarrollando el área de San Paio de Navia en Vigo”. En el caso de Pontevedra, al margen de algún posible solar aislado, la principal bolsa de suelo de este tipo se concentra en el parque de Valdecorvos, donde ya está vendida el 70% de su oferta de suelo residencial, y solo hay dos parcelas, de 3.200 y 1.147 metros cuadrados.
La demanda oficial ronda las mil familias
El Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta incluye a día de hoy a 950 familias en la ciudad, lo que sitúa a Pontevedra como el cuarto municipio gallego con más demanda, solo por detrás de Vigo (5.410), A Coruña (2.221) y Lugo (1.090). De esas casi mil familias, la mayor parte opta al alquiler de un piso de promoción pública, los que ejecuta y adjudicad directamente la Xunta. Son 672 las peticiones en este apartado, mientras que otros 186 se anotaron en el capítulo de alquiler con opción de compra y solo 48 optan directamente a la adquisición.
Los demás demandantes solicitan viviendas de otro tipo, como residencias en núcleos rurales o cascos históricos, o las de promoción privada pero con diversos niveles de protección. Estas últimas modalidades son las de menos compleja cobertura, ya que aumenta la oferta. En cambio, no hay promociones de pisos sociales de la Xunta y hay que aguardar por aquellas viviendas que se sortean tras quedar vacías. El municipio de Pontevedra acapara la mayor parte de la demanda en la oferta existente en la comarca, si bien es llamativa la demanda de Marín y Poio, con 81 y 77 inscritos respectivamente. En Cerdedo-Cotobade son 41 y en Sanxenxo se contabilizan 24 anotados, prácticamente los mismos que en Barro (23). En cambio, en Cuntis no hay ninguna familia en el Rexistro, solo una en Moraña y cuatro en Ponte Caldelas.
