Por el momento no es más que una hipótesis de trabajo, pero nadie se cierra en banda de momento. La “mesa de diálogo” sobre el futuro de Ence celebrada en el Ministerio para la Transición Ecológica, con todas las partes implicadas en el conflicto de la pastera, rescató ayer al alternativa del traslado como una de las posibles soluciones para mantener la actividad en Galicia, conservar los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, retirar el complejo industrial de la orilla de la ría de Pontevedra en Lourizán.
Con una “amenaza” tanto legislativa como judicial (un recurso ante la Audiencia Nacional y la Ley de Cambio Climático) que afecta a la actual concesión de Costas a Ence –que podría concluir en 2033, cuarenta años antes del final de la prórroga hasta 2073 otorgada por Madrid en 2016–, la “mesa de diálogo” sentó ayer en la misma sala al Gobierno central, la empresa, la Xunta, el Concello, los trabajadores, y sectores vinculados como el transporte y los madereros. Es la primera vez que todos se ven las caras, conscientes de que el tiempo se acaba, ya que puede estar al caer la sentencia de la Audiencia Nacional que decida si aquella prórroga es legal o no, en respuesta a los recursos del Concello, Greenpeace y Defensa da Ría.
En este sentido, tanto Ence como la Xunta, quisieron dejar claro que la alternativa actual a una posible sentencia negativa es el cierre de la planta de Lourizán, pero tampoco se cierran a otras opciones. Así, la compañía emitió un comunicado tras la cita de ayer, a la que asistió su presidente, Ignacio Colmenares, en la que subraya que “continúa y continuará defendiendo la legalidad de la concesión de la planta de Pontevedra y, por lo tanto, su permanencia en Lourizán hasta el año 2073”. Añade que “como la compañía ha explicado en repetidas ocasiones, y como también demuestran informes de ingeniarías independientes como Poyry e Idom, el traslado de esta instalación no es posible por motivos técnicos (acceso a puerto, a madera, al agua, etc.) ni económicos”, como ya se apuntó en un informe que desestimaba las cinco alternativas analizadas. Pero la principal novedad de esta postura es que también dice que “con todo, por responsabilidad social y como parte del compromiso de Ence con las personas cuyo modo de vida depende de la actividad de esta planta, la compañía estudiará cualquier posibilidad de futuro que se plantee en el contexto de esta mesa y está dispuesta a escuchar activamente alternativas de ubicación”.
Algo similar defiende la Xunta, representada por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía Francisco Conde: “No nos podemos permitir el cierre de una industria en funcionamiento”, dijo Conde, que espera una reacción del gobierno para asegurar la continuidad de Ence. Según explicó el vicepresidente económico, en el encuentro se abrió un escenario de trabajo para analizar su viabilidad. En este sentido, mostró la voluntad de la Xunta de colaborar con el Ejecutivo Central y los trabajadores “si existe un compromiso por parte del primero para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Y, además, se puede valorar un nuevo escenario si también existe un compromiso de financiación a través de fondos europeos, así como un inversor dispuesto a desarrollar esta actividad”. El conselleiro dijo que “Galicia cuenta con capacidad instalada para tener dos industrias de procesamiento de madera”.
Conde recogía así un pronunciamiento que horas lanzaba el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tras advertir de que “o el Gobierno (central) cambia de opinión o, esta vez, Ence cierra” sus instalaciones, algo a lo que se opone su ejecutivo, también indicó que la propuesta de la Xunta es “de entrada no cerrar” la fábrica de papel de Lourizán, pero sí moverla “dentro de algún tiempo” a un lugar “más adecuado” del que está, eso sí, si hay fondos europeos.
Feijóo reclamó a Moncloa “que deje las cosas como están”, ya que “en este momento Ence tiene una concesión”. En este extremo, ha criticado el cambio de postura del Gobierno actual sobre esta concesión y también la introducción de “dificultades” para que la factoría prosiga donde está a través de la ley de cambio climático.
El encuentro de ayer reunió a todas las partes implicadas en un inédito “cara a cara” tras años de conflicto. En una misma mesa estaban la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el alcalde Miguel Fernández Lores y el director xeral de Urbanismo del Concello, Xosé Manuel Tato, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, el subsecretario para la Transición Ecológica Miguel González Suela, el delegado del Gobierno en Galicia y su Jefe de Gabinete, José Manuel Miñones Conde y María Rivas López, la directora General de Costa y Mar, Ana María Oñoro Valenciano, el conselleiro Francisco Conde, el presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, el presidente del comité de empresa, José Antonio Lafuente, el secretario del comité de empresa, Pablo Bacariza Arias, el representante del comité de empresa de las oficinas centrales, José Enrique González Romero, y el representante del comité de empresa sector laboral y transporte, José Antonio Taboada Gómez.
Este pronunciamiento de las dos partes que defienden la continuidad de la empresa en Lourizán fue “arrancado” por la ministra Ribera al preguntar expresamente a Ence si estaría dispuesta a estudiar una ubicación alternativa, al tiempo que recuerda que el futuro en su actual emplazamiento de Dominio Público Marítimo Terrestre “no depende de este Ministerio sino exclusivamente de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional, donde se estudia el recurso interpuesto por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016”.
Añade que “hasta que ese fallo se produzca, es bueno conocer “cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los distintos actores para ver de qué manera se puede acompañar ese proceso y explorar soluciones para el mantenimiento del empleo en la zona”. Además, destacó que “tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas. Pensemos que la concesión de Ence estará vigente como mínimo hasta el año 2033, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior gobierno, o si no es así, hasta el año 2073, que fue lo que concedió el anterior Gobierno aplicando una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente. Por tanto, tenemos 10 años para preparar bien esa transformación”.
José Antonio Lafuente, presidente del comité, explicó que “la empresa, con los informes que tiene, en principio ha dicho que no hay ninguna ubicación posible, pero el Ministerio interpeló a la Xunta para que busque nuevas ubicaciones en las que sea viable una fábrica nueva. Nosotros no somos técnicos, no sabemos si es factible o no. No lo vemos en cuanto a unos condicionantes importantes como son la masa de agua, electricidad, cercanía a una zona para poder verter... Yo personalmente no lo veo. No veo que sea fácil”.
Desde el Concello, único asistente a la mesa de ayer abiertamente contrario a la continuidad de Ence en Lourizán, el alcalde, Miguel Fernández Lores destacó “dos aspectos positivos: la voluntad de la ministra de Transición Ecológica y del comité de obra de la empresa por un lado, y que por primera vez la empresa abrió la posibilidad de estudiar alternativas a la ubicación de Lourizán por el otro”. Fernández Lores resumió el encuentro “con estos dos aspectos positivos, el intento de hablar de las partes involucradas y la posibilidad de buscar alternativas a la ubicación de Lourizán, que es un importante paso adelante y es la primera vez que la empresa lo dice públicamente”.
“La prioridad es una solución de futuro en Pontevedra”
El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, representó a la compañía, que dice “mantener una actitud abierta, constructiva y de escucha con los trabajadores y con todas las Administraciones implicadas. La prioridad de la empresa es buscar una solución de futuro a la planta de Ence en Pontevedra, en defensa de los cerca de 5.000 empleos vinculados a la actividad de esta instalación”. Señala que en la reunión, también se abordó el artículo 20.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que afecta a todas las empresas y concesiones ubicadas en la costa. El citado artículo da pie a interpretaciones retroactivas: así lo ha hecho constar así el propio Consejo de Estado en su dictamen preceptivo sobre este proyecto legal. En paralelo a este artículo y al citado proyecto de ley en tramitación parlamentaria, hay en marcha un proceso judicial sobre la concesión de la planta de Ence en Pontevedra. Actualmente la compañía está a la espera de una sentencia a este respecto por parte de la Audiencia Nacional”
“Es un tema de Estado, debe capitanearlo el Gobierno”
El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía recordó que este problema “ha sido generado por el Gobierno central (con la Ley de Cambio Climático y su allanamiento en el recurso judicial) y entiende que el futuro de Ence “es un tema de Estado, debe capitanearse” desde Moncloa. La Xunta de Galicia recuerda “el peso de Ence no solo para la comarca, sino también para la actividad económica gallega, especialmente en lo que respecta a la industria forestal y el sector logístico”. Según sus datos, “casi 250 empresas de Pontevedra dependen de esta pastera, que es el segundo mayor comprador de madera de Galicia; y casi 300 camiones ingresan a la planta diariamente”. Por ello, “la Xunta de Galicia llama al diálogo para modificar la Ley de Cambio Climático y evitar poner en peligro el futuro no solo de Ence, sino también de más de 100 empresas del ámbito de la industria marítima ubicadas en la costa gallega”.
“Se pidió a los participantes que identifiquen sus propuestas”
El ministerio indica que la reunión de ayer “responde al compromiso que la vicepresidenta adquirió en sendas reuniones con los trabajadores de Ence de mediar en el diálogo que permita buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo de la compañía en Pontevedra. En este sentido, durante el encuentro se abordaron las preocupaciones de los trabajadores y se pidió a los participantes que identifiquen sus propuestas y alternativas en los dos escenarios que la empresa tiene por delante, el más restrictivo, hasta 2033, o más allá de esa fecha”. Mientras no haya una sentencia de la Audiencia Nacional, la ministra considera que “es bueno conocer cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los distintos actores para ver de qué manera se puede acompañar ese proceso y explorar soluciones para el mantenimiento del empleo en la zona”, si bien insistió en que “se necesita un diálogo local” entre los interlocutores competentes.
“Valoro la invitación de la ministra y acudo por cortesía”
El alcalde comentó “la empresa siempre ha querido permanecer en su ubicación actual y en este sentido cuenta con el apoyo entusiasta del PP y la Xunta y en contra de los intereses de los vecinos de Pontevedra y por supuesto de los intereses del Concello. Insistió en que “vamos a defender sobre todo que Ence tiene que irse y luego si es posible la construcción de otra planta en Galicia y mantener el empleo porque mucho mejor”, cuestión que ligaba a la necesidad de “acompañarlo de una reforma del plan forestal y que limite la producción de eucalipto, porque este monocultivo está generando problemas fundamentales”. Lores valoró la invitación de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a participar en esta mesa de trabajo y reiteró que “dije desde el principio que acudiría por cortesía, aunque no tenemos competencia en los temas tratados, y quienes las tienen son mayoritariamente la Xunta de Galicia, la empresa y, en todo caso, el Gobierno Central ”.
“Xunta y empresa estudiarán una nueva ubicación”
“La valoración para esta primera reunión, que no sabíamos cómo se iba a articular, es que salimos contentos”, asegura José Antonio Lafuente, presidente del comité de empresa de la fábrica en Pontevedra.
“Tanto la Xunta como la empresa se han comprometido a estudiar la viabilidad de una nueva ubicación dentro de Galicia para que en el caso de que la Audiencia Nacional dictamine que la prórroga no es legal mantener los puestos de trabajo dentro de la comunidad autónoma”, afirmó al finalizar la reunión ayer en Madrid.
Respecto a la posición por parte del Gobierno central, Lafuente destaca que la ministra pidió información sobre cuánto costaría una nueva fábrica y los requisitos técnicos al respecto, así como “quién trabaja directa e indirectamente en y para Pontevedra”.
“Ha pedido ese compromiso de nueva ubicación y tanto la empresa como la Xunta lo han cogido”, celebra.
