El Ministerio para la Transición Ecológica ha acogido esta tarde la primera reunión de la denominada "mesa por el diálogo" para decidir el futuro de Ence, amenazado por un pleito judicial contra la prórroga de su concesión de Costas y una Ley de Cambio Climático que limitarían en ambos casos su presencia en la ría hasta 2033. Precisamente se plazo mínimo, de una década, es el que ha puesto sobre la mesa la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para recordar que "tenemos diez años por delante para organizar bien las cosas" y resolver este conflicto.

La reunión con Ribera ha congregado en una misma mesa al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde; el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, y el director municipal de Urbanismo y Servicios Generales, José Manuel Tato; el presidente de Ence, Ignacio Colmenares; representantes del comité de empresa de los transportistas y sector forestal y del comité de empresa de la factoría.

El ministerio indica que "esta reunión responde al compromiso que la vicepresidenta adquirió en sendas reuniones con los trabajadores de Ence de mediar en el diálogo que permita buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo de la compañía en Pontevedra. En este sentido, durante el encuentro se han abordado las preocupaciones de los trabajadores y se ha pedido a los participantes que identifiquen sus propuestas y alternativas en los dos escenarios que la empresa tiene por delante, el más restrictivo, hasta 2033, o más allá de esa fecha". 

 La vicepresidenta ha recordado "la decisión de la continuidad de la empresa en su ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no depende de este Ministerio sino exclusivamente de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional, donde se estudia el recurso interpuesto por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016".

Hasta que ese fallo se produzca, y en respuesta a esa solicitud de los trabajadores de facilitar el diálogo entre empresa, trabajadores y Xunta, Ribera ha señalado que es bueno conocer “cuáles son las preocupaciones y las propuestas de los distintos actores para ver de qué manera se puede acompañar ese proceso y explorar soluciones para el mantenimiento del empleo en la zona”, si bien ha insistido en que “se necesita un diálogo local” entre los interlocutores competentes. 

“Es cierto que este ministerio no tiene las competencias, es la Xunta quien es responsable de las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales al respecto, pero también es verdad que no es un asunto del que nos queramos desentender cuando se ha planteado una petición de estas características” por parte de los trabajadores, ha manifestado la vicepresidenta al término de la reunión. 

Ribera ha destacado que “tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas. Pensemos que la concesión de Ence estará vigente como mínimo hasta el año 2033, en el supuesto de que la Audiencia Nacional considere ilegal la prórroga concedida por el anterior gobierno, o si no es así, hasta el año 2073, que fue lo que concedió el anterior Gobierno aplicando una ley que fue declarada inconstitucional posteriormente”.

Por tanto, ha insistido, “tenemos 10 años para preparar bien esa transformación. Evidentemente, cuanto antes se reduzcan las incertidumbres, cuanto antes se encuentren soluciones que den garantía, confort a los trabajadores y a los proveedores, más fácil será para todos. Y para esto es imprescindible el que cada uno de los actores identifique, no solamente cuáles son aquellas cuestiones que le preocupan particularmente y por qué, sino también cuáles son las propuestas que le parece que pueden ayudar a resolver, a encauzar, a dar una respuesta a esta situación con la plena garantía de los trabajadores en la zona”.

Por su parte, la empresa ha emitido un comunicado en el que indica que "el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, ha asistido esta tarde a una mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Transición Ecológica. Este encuentro ha contado con la asistencia de la ministra Teresa Ribera, el secretario de Estado de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y los representantes legales de los trabajadores"

Añade que "Ence mantiene una actitud abierta, constructiva y de escucha con los trabajadores y con todas las Administraciones implicadas. La prioridad de la empresa es buscar una solución de futuro a la planta de Ence en Pontevedra, en defensa de los cerca de 5.000 empleos vinculados a la actividad de esta instalación" y deja claro que "La compañía continúa y continuará defendiendo la legalidad de la concesión de la planta de Pontevedra y, por lo tanto, su permanencia en Lourizán hasta el año 2073".

"Como la compañía ha explicado en repetidas ocasiones, y como también demuestran informes de ingenierías independientes como Poyry e Idom, el traslado de esta instalación no es posible por motivos técnicos (acceso a puerto, a madera, al agua, etc.) ni económicos. Con todo, por responsabilidad social y como parte del compromiso de Ence con las personas cuyo modo de vida depende de la actividad de esta planta, la compañía estudiará cualquier posibilidad de futuro que se plantee en el contexto de esta mesa y está dispuesta a escuchar activamente alternativas de ubicación".

Ence apunta que "el citado compromiso de la compañía para con esta instalación y las personas vinculadas a ella es más que evidente a través de las inversiones realizadas en esta planta, de 132 millones de euros desde el año 2016".

En la reunión, también se ha abordado el artículo 20.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, "que afecta a todas las empresas y concesiones ubicadas en la costa. El citado artículo da pie a interpretaciones retroactivas: así lo ha hecho constar así el propio Consejo de Estado en su dictamen preceptivo sobre este proyecto legal"

En paralelo a este artículo y al citado proyecto de ley en tramitación parlamentaria, hay en marcha un proceso judicial sobre la concesión de la planta de Ence en Pontevedra. Actualmente la compañía está a la espera de una sentencia a este respecto por parte de la Audiencia Nacional.