Pontevedra ya está formalmente adherida al programa del Gobierno central para optar a los fondos europeos Next Generation de recuperación ante la pandemia del COVID. Así se lo ha comunicado el Concello al Ministerio de Transportes. Sin embargo, una vez certificado que la ciudad tratará de obtener esas ayudas, resta la parte más compleja: concretar qué planes son susceptibles de alcanzar esos fondos y con qué líneas maestras. Para definir sus proyectos, el Concello debe elaborar la denominada Agenda Urbana 2030, pero este documento precias de unas indicaciones previas que, según fuentes municipales, todavía se desconocen.

El Gobierno central ya dispone de su propio plan, al que deben amoldarse los interesados, pero tampoco han un calendario preciso. A falta de concretarse esa información, el Concello cree que está “bien posicionado” con la experiencia que acumula en materia de movilidad urbana, basada en las peatonalizaciones. El interés europeo en planes “verdes” y ecológicos, encaja en las políticas municipales, a juicio del Concello.

El Concello debe elaborar la Agenda 2030, que definirá las actuaciones a las que aspira la ciudad

Por el momento, y al margen del intercambio de escritos y circulares, el único contacto oficial sobre este asunto ocurrió a finales de febrero, cuando el alcalde , Miguel Fernández Lores, y su equipo mantuvieron una reunión telemática con la directora general adjunta de Política Urbana del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Ángela de la Cruz. En aquel encuentro se concretó que el Concello debe elaborar la Agenda 2030, que definirá las actuaciones a las que aspira la ciudad.

El gobierno local debe remitir al del Estado un documento que incluya tanto el trabajo realizado como las previsiones a corto plazo en materias relativas a la mejora de la calidad del aire, estado del ciclo del agua, cohesión social e inclusión social, medio ambiente y residuos urbanos. Aún así, Lores mostró su preocupación porque los criterios de acceso a fondos públicos no contemplan parámetros que tienen como objetivo lograr una movilidad sostenible integrada que se basa en reducir el tráfico innecesario y ganar espacio para las personas. Lo hacía en referencia al “excesivo peso”, a su juicio, que se le da a la introducción del vehículo eléctrico entendiendo que el cambio de un tipo de vehículo por otro “no resuelve realmente los problemas de la movilidad urbana en relación con recuperación del espacio público”.