La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, inició el pasado año en la provincia de Pontevedra 80 expediente de reposición de la legalidad. En 2019 fueron 128. Las multas coercitivas por desobediencias aún descendieron con mayor ritmo. Cayeron de 162 a solo 37 en la provincia. Y si hablamos de demoliciones efectivas de inmuebles ilegales, otro tanto de lo mismo con solo 36 casos, frente a los 88 del año anterior.
Son solo algunos ejemplos de la incidencia que el COVID tuvo en todos los aspectos de la sociedad, y la APLU no es una excepción. Aunque las propuestas de incoación experimentaron incluso un incremento en comparación con los datos de 2019, si se produjo un descenso masivo en su balance de expedientes incoados y abiertos por la APLU con respecto al año anterior. Esta caída se debió a la suspensión de los plazos administrativos durante casi tres meses, así como la falta de presencialidad y comprobación in situ de algunas actuaciones a consecuencia del confinamiento. En igual sentido esto ha tenido una consecuencia en los expedientes de reposición resueltos. Así lo explica la propia Axencia, que el pasado año recaudó en la provincia, en multas, poco más de 635.000 euros, frente a 1.104.000 de 2109.
El dato de reposiciones de la legalidad urbanística ejecutadas en 2020 (demoliciones) fue especialmente reducido, con 35 por parte de la Xunta y solo una a cargo del afectado, es decir, voluntaria.
La APLU el pasado año recaudó en la provincia en multas poco más de 635.000 euros, frente a 1.104.000 de 2109
En el capítulo específico de expedientes relativos a Costas, donde hay municipios de la comarca afectados por la delimitación de los núcleos como Vilaboa, Poio o Sanxenxo, el bajón es muy parecido: 37 procedimiento iniciales (40 menos que en el año anterior); 39 resueltos (13 menos); y 54 multas (34 por debajo de las de 2019).
El balance es más positivo con los datos de los servicios provinciales. “Es aquí donde reside el germen de la actividad de la APLU por lo que son datos clave para poder hacer un balance de su trabajo a lo largo del año pasado”, destaca la consellería, que añade que “el análisis de la actividad de los servicios provinciales permite constatar que, a pesar de la pandemia y el condicionante evidente que supuso para el desarrollo habitual del trabajo de campo de los inspectores, se mantuvo su nivel de actividad propia con respecto al 2019 en cuanto a las acciones informativas y a la detección de actividades presuntamente ilegales” .
Así, en la provincia de Pontevedra hubo 386 aperturas de actuaciones informativas (solo 20 menos que en 2019) y se realizaron 426 inspecciones (90 por debajo de las del año anterior”. Y hay un capítulo con mejor balance, el de propuestas de incoación, con 338 en la provincia, casi un centenar más que en 2019. La propia APLU lo destaca, y recuerda que “las actuaciones de carácter informativo abiertas desde los servicios provinciales fueron muy similares a las del año anterior, algo que se debe, en gran parte, a que la mayor parte de ellas se inician de oficio, alrededor del 80% del total”.
En la provincia de Pontevedra hubo 386 aperturas de actuaciones informativas y se realizaron 426 inspecciones
En cuanto al epígrafe “Traslado a concellos”, hubo en 2020 105 comunicaciones en la provincia, 24 más que en 2019. Este apartado se refieren a aquellas infracciones detectadas por la APLU pero que, por razón de competencia, corresponde tramitar a los concellos. Son casos relacionados con muros de cierre, obras sometidas a licencia municipal o usos en suelo rústico autorizables directamente por los concellos, por ejemplo.
También hubo más “apercibimientos” (51 el pasado año frente a los 36 del anterior) que se corresponden con avisos que se le hacen a los interesados en el marco de actuaciones informativas y como paso previo al inicio de un expediente de reposición, evitando precisamente en algunos casos la necesidad de abrir dicho expediente.
El paralizado derribo del antiguo club Ciros
En julio de 2019 la APLU establecía un plazo máximo de 90 días para completar el derribo del antiguo Club Ciros de Vilaboa. Era entonces cuando adjudicada por 180.000 euros. La empresa llegó a trasladar maquinaria ala zona y colocar carteles sobre la demolición. Pero no llegó a actuar. Casi dos años después, nada se ha movido en este edificio situado en Vilaboa, al borde de la N-550 y cuya primera orden de derribo es de octubre de 2005, cuando se decretó esta medida para eliminar un edificio que oficialmente consta como “bar-restaurante, pub y complejo hotelero” pero que siempre careció de licencia municipal y de autorización autonómica. Durante años funcionó como club de alterne, hasta su cierre definitivo, hace más de cinco años.
