El de ayer fue uno de los días más duros para las familias afectadas por las expropiaciones para la ampliación del Hospital Montecelo, que entregaron a la Xunta las llaves de sus propiedades en un gesto más que nada simbólico de desposesión.
Y es que las cinco viviendas, cuatro negocios y una veintena de terrenos hace tiempo que ya han sido desalojados por sus hasta ahora dueños, tal y como publicó ayer FARO en un reportaje gráfico.
Finalmente, tal y como informan fuentes de la Consellería de Infraestruturas, el gobierno autonómico pagará 3,96 millones de euros por todas estas propiedades en base al conocido como justiprecio.
“Esto es muy duro. Nuestra vida estaba aquí. Son más de cuarenta años. Cuando llegamos aquí no había nada, ni siquiera la carretera. Solo monte”
Son 160.000 euros más que la cifra que el gobierno autonómico había ofrecido a los afectados y por la que firmaron el 26 de noviembre de 2019. Ya en aquel momento, los particulares anunciaron que irían a por el justiprecio. Ahora, en vista de que esta cifra tampoco cumple sus expectativas, aseguran que irán a juicio.
Recibirán el dinero en unas semanas, pero antes ya se comenzará a ejecutar el derribo de las propiedades, varios edificios que albergaban casas unifamiliares, pisos y negocios como bares, una peluquería y una floristería.
Se trata de familias que ya se conocían desde siempre. El inmueble de las hermanas Aboal había sido construido en un terreno heredado de la madre del padre de familia, mientras que el matrimonio Filgueira y Martínez vivía en la zona desde hace más de cuarenta años.
“Esto es muy duro. Nuestra vida estaba aquí. Son más de cuarenta años. Cuando llegamos aquí no había nada, ni siquiera la carretera. Solo monte”, explica Eleuterio Filgueira, que informa de que se trasladan al municipio vecino de Poio, a Campelo.
El inicio de las obras del hospital de referencia pontevedrés está previsto para el mes de mayo
De igual modo, Inocente Domínguez, propietario de la ya inexistente Casa Lola, se muestra afligido por todo lo que significa abandonar el barrio de Montecelo, en el que vivía desde hace medio siglo junto con su hermano, ya fallecido, y propietario de la Taberna Polska, otra de las afectadas por las expropiaciones.
El inicio de las obras del hospital de referencia pontevedrés está previsto para el mes de mayo, tras un retraso importante por la pandemia del COVID. Esto provocó al menos cinco prórrogas hasta que los afectados abandonaran definitivamente sus propiedades.
De hecho, la Axencia Galega de Infraestruturas de la Xunta firmó esta misma semana el contrato para la ejecución de la primera fase del Gran Montecelo, con una inversión de cerca de 130 millones de euros, a los que habrá que sumar 25 millones más por la reforma del actual edificio.
