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La patronal confía en los posibles recursos para paralizar la Ley de Cambio Climático

Empresarios estiman que se perderán unos 1.400 puestos entre Pontevedra, Vilagarcía y Vigo | Los ecologistas los acusan de “inventar una polémica” para defender la factoría

Fábrica de Ence en Lourizán. | // FDV

Fábrica de Ence en Lourizán. | // FDV

Las asociaciones de empresarios confían en que prosperen los recursos que anunció la administración gallega contra el proyecto de Ley de Cambio Climático, que según la patronal de Pontevedra pondrá en riesgo miles de puestos de trabajo y supone un nuevo escenario de inseguridad jurídica para las empresas que ocupan terrenos en dominio público terrestre.

“Los recursos creemos que van a tener bastante éxito”, señala a FARO José María Corujo, al frente de la asociación de empresarios Aempe, una de las que se teme que “no se trate en realidad de un problema de Ence” sino que afecta a instalaciones por toda la costa gallega. “Se ve implicada la industria, cetáreas, conserveras… Con miles de puestos de trabajo en el aire”.

El gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía es otro de los que estima que la caída de empleo supondrá un durísimo varapalo a la economía de la provincia. “Hay una preocupación tremenda por los efectos en las concesiones”, señala José Manuel García, “afecta a Ence, una pieza importante en la industria de Galicia y con una repercusión tremenda sobre el sector forestal, pero además afecta a muchas actividades conserveras y de procesamiento de las los productos del mar”.

Tanto Aempe como la Cámara de Comercio y la CEP expresan su preocupación por la seguridad jurídica. “Es necesario un marco estable”, reiteran, “y no expulsar empresas necesarias para la economía”.

“Es necesario un marco estable”, reitera la patronal, “y no expulsar empresas necesarias para la economía”

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La Cámara estima que en Galicia “habrá unos 3.500 puestos de trabajo directos afectados y calculamos unas 6 veces más indirectos”. Algo más de un tercio de las bajas, añade José Manuel García, se producirán en la demarcación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, unificadas a partir de 2016.

El representante de la patronal insiste en que los artículos de la Ley de Cambio Climático que impactan sobre las empresas asentadas en espacios de dominio público “deberían ser modulados” teniendo en cuenta las especiales características de Galicia, la comunidad con más kilómetros de costa.

Muy al contrario, los ecologistas rebajan el tono y consideran que se trata en realidad de una “falsa polémica”. En opinión de Antón Masa, presidente de la Asociación pola Defensa da Ría, es poco menos que un debate entre los directivos de Ence, los gobierno autonómico, provincial y local buscando sacar tajada, frente a la patronal, oportunamente desinformada.

Antón Masa no disimulaba ayer la ironía ante el diario decano e insiste en que no entiende la polémica. Los ecologistas siempre han respaldado la nueva ley, para empezar porque su formulación “lo único que hace en realidad es recoger las formulaciones de otras leyes que ya están en vigor. Francamente, no entendemos la polémica y consideramos que, por supuesto, las legislaciones anteriores deben ser congruentes con sus predecesoras”.

Tanto la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (que recoge el máximo de permanencia de 75 años en espacios de dominio público terrestre) como la Ley de Costas establecían, recuerdan los ecologistas, “periodos máximos de asentamiento de 75 años, porque solo faltaba que quien se ha aprovechado años de una ubicación privilegiada y al se le ha advertido desde hace más de una década de que debe cumplir la ley siga desoyendo la legislación que cualquiera está obligado a cumplir”.

Tanto los vecinos afectados por estas concesiones como los ecologistas insisten en que la administración debe ser rigurosa y determinar al detalle qué empresas necesitan realmente para su supervivencia estar al lado del mar y cuales, sencillamente, se han aprovechado años de la “mancha ancha” de la administración española. Recuerdan en este sentido que, por ejemplo, numerosas conserveras están situadas kilómetros al interior, dado que no pueden demostrar que dependan del agua del océano. “Todos tenemos que cumplir la ley”, recuerdan.

Ence se suma a la comunidad #Porelclima


La empresa Ence anunció ayer su intención de “contribuir a la mitigación del cambio climático” y señala que “lo hace a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de su actividad, la descarbonización del modelo energético mediante la generación de energía renovable y la recuperación de residuos agroforestales, que reducen el riesgo de incendios y emisiones difusas”. Es por ello que destaca su adhesión a la Comunidad #PorelClima, “que busca acelerar la acción climática en diferentes sectores de la sociedad”. Explica que “la Comunidad #PorElClima tiene como objetivo reunir a los pioneros, que ya están luchando con la crisis climática y reduciendo sus emisiones para lograr la neutralidad de carbono para 2050. Este movimiento ha surgido para impulsar a la sociedad a actuar frente a la crisis climática. En él se encuentran ciudadanos, ONG, empresas y administraciones públicas, todos conscientes de la importancia de cumplir con esta misión”. Por otro lado, Ence participa “generando energía renovable en sus biofábricas y centrales eléctricas, al tiempo que fomenta el autoconsumo de las energías renovables generadas en sus propias instalaciones y la mejora de su eficiencia energética. Así, y gracias a la energía renovable generada por Ence en 2020, se ha evitado la emisión de unas 677.000 toneladas de CO2”.

Caballero: “No varía la situación legal” de la planta


El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, ha asegurado este viernes que la ley de cambio climático, aprobada ayer por el Congreso, “no cambia” la situación legal de la fábrica que Ence tiene en la ciudad de Pontevedra. “Es la misma situación hace un mes que hoy”, ha señalado Caballero, tras recordar que lo que realmente afecta a esta factoría es que la prórroga concedida “en tiempo de descuento” por el Gobierno de Rajoy está “judicializada”. La Audiencia Nacional, según el dirigente socialista, tendrá que decidir si esta autorización para ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestre hasta el año 2073 “es legal o ilegal” y el Gobierno “respetará” la sentencia que se emita. El líder del PSOE gallego ha reiterado que este fallo de la Audiencia Nacional “será el que decida si Ence puede permanecer más o menos tiempo en la ría de Pontevedra”.

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