El Consello Consultivo de Galicia ha emitido un informe en el que considera “inconstitucional” parte del articulado de la Ley de Cambio Climático, una norma envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.
El informe, según ha indicado la Xunta, afecta precisamente al artículo 18.4 de esta norma, el punto más criticado por la Administración gallega por su supuesta afectación a las prórrogas de las concesiones del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre y concedidas antes de su entrada en vigor.
El Consello Consultivo considera que la redacción de este artículo tendrá consecuencias en ese régimen de prórroga extraordinaria que contempla la vigente Ley de Costas y, por ello, limitará el plazo de hasta 75 años que permite esta normativa al tener una “evidente eficacia retroactiva tácita”.
"Que dejen de mentir, manipular y engañar al sector"
El organismo señala que ese fue el propósito del Gobierno central y que así se desprende de la propia Ley de Cambio Climático, por lo que el artículo afectará tanto a los plazos de duración de estas concesiones y de las prórrogas otorgadas antes de su entrada en vigor, como también a la validez que los actos administrativos dictados al amparo del texto anterior.
En definitiva, añade la Xunta, el informe concluye que el punto 18.4 de la Ley es inconstitucional por vulnerar “el principio de seguridad jurídica” que recoge el artículo 9.3 de la Constitución.
El Gobierno gallego, por su parte, ha destacado que el Consultivo ha corroborado los argumentos esgrimidos por su Asesoría Xurídica para justificar la eliminación del citado artículo de la norma.
La Xunta había remitido dicho informe al Gobierno central junto a una misiva para advertir que ese punto es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica”. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha instado al Gobierno central a “dejar de mentir, de manipular y engañar” al sector y a retirar ya los artículos 18.3 y 18.4 de la Ley de Cambio Climático.
"Se está introduciendo sobre las empresas asentadas en el litoral un contexto de incertidumbre”
Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ve razonable que el “centenar” de empresas “afectadas” por los cambios normativos que introduce el proyecto de Ley estatal de Cambio Climático para las concesiones asentadas en dominio público marítimo terrestre dejen de realizar “inversiones” en sus instalaciones ante la “incertidumbre” que introducen los posibles cambios jurídicos.
Así lo expresó ayer en el Parlamento gallego, donde Puy dijo que cree comprensible que empresas como Ence “abandonen” la idea de realizar “inversiones” en Galicia en aras de reorientar su “planificación a largo plazo” hacia otras zonas “donde los requisitos fuesen menos exigentes” como, por ejemplo, Portugal. En este sentido, y en la línea de lo expresado desde la Xunta y el PP a lo largo de las últimas semanas, Pedro Puy ha advertido que “se está introduciendo” sobre las empresas asentadas en el litoral un contexto de “incertidumbre” que, a su juicio, el Gobierno central trata de justificar por la vía de la transición ecológica cuando “no tiene que ver con que si son empresas que contaminan o no”.
