Un vídeo anónimo y que circula por las redes sociales ha provocado ayer una auténtica ofensiva en estas mismas plataformas por parte de diputados y cargos del PSOE y del PSdeG e incluso de la propia ministra de Transición Ecológica, que con un hilo en Twitter íntegramente en gallego pidió que no se "mienta, ni asuste a la gente" con esta ley. En dicha pieza audiovisual se asegura que el artículo 18 de la normativa contra el Cambio Climático actualmente en tramitación amenaza la continuidad de 4.000 empresas, además de otras edificaciones costeras. En el vídeo se calcula su impacto en unos 40.000 empleos, cinco mil relacionados con Ence.
Ribera advierte que este vídeo anónimo, "cunhas imaxes preciosas da mar e a industria do mar en Galicia que, desgraciadamente, acusan en falso a ley de cambio climático, ao PSOE e ao BNG".
La ministra Ribera asegura que la ley, como en otros ámbitos afectados por el Cambio Climático, "defende e incorpora garantías e cautelas para o litoral". "Agora ben -matiza- non afecta a ningunha das concesións xa outorgadas nin ás súas prórrogas legais". "Non mintan, nin asusten á xente, por favor, sexan responsables", explica la titular de la cartera de Transición Ecológica.
Ribera también se refiere al "caso particular" de Ence, "cuya concesión depende da decisión dos tribunais ao ter sido recurrida ante a Audiencia Nacional". Por último, dice lamentar "profundamente que para defender ese interese haxa quen acuda ao medo, á mentira e á demagoxia. A Costa de Galicia son enormemente queridos en el Ministerio de Transición Ecológica e defenderemos a súa correcta xestión e a prosperidade das súas xentes".
Junto a Ribero, diputados como el socialista Guillermo Meijón también expresaron su malestar en las redes por este vídeo. "Resulta lamentable ver un vídeo, cuxos autores ocúltanse no anonimato, difundindo un FALSO mensaxe sobre as consecuencias que a Lei do Cambio Climático tería sobre a Industria-Mar de Galicia, unha industria que SÍ conta, como ben o saben, co TOTAL APOIO do PSOE". Otros líderes del PSdG como Gonzalo Caballero también hacían alusión al vídeo y compartían el mensaje de la ministra.
El propio diputado del PSOE por Pontevedra en el Congreso, Guillermo Meijón, reiteraba esta mañana a FARO que las acusaciones que se están realizando "contra la posible afectación al sector mar industria de la ley de Cambio Climático no se sustentan". "Lo tenemos claro", añadió, al tiempo que señaló que así se lo han confirmado desde todos los altos cargos del Ministerio, como la propia ministra y los asesores jurídicos.
Meijón insiste en que el polémico artículo 18 de la ley no tendrá carácter retroactivo y recuerda que, en cualquier caso, el plazo máximo de 75 años de duración para las concesiones en dominio público marítimo-terrestre es una cuestión que ya está regulada en una ley "jerárquicamente superior" a la de Cambio Climático como es la de Patrimonio, ya en vigor. "Incluso a algunas de estas empresas les afecta la legislación autonómica que es más restrictiva en este sentido, señalando un máximo de 50 años de concesión", apuntaba Meijón. El diputado insiste que, en cualquier caso, esta ley de Cambio Climático no supone ningún tipo de amenaza al sector mar-industria gallego.
"A Ence se le otorgado una concesión que supera los 75 años, si la Justicia avala esta decisión, se respetará por parte del Ministerio", dice Guillermo Meijón
Respecto al caso particular de Ence, se reafirma en las palabras de la Ministra: "Ence tiene muy claro, y el señor Colmenares (presidente de la pastera) lo sabe, que lo que tienen es un problema jurídico". Meijón reiteró lo que se viene transmitiendo desde el Ministerio desde hace semanas: "A Ence se le ha otorgado una prórroga de la concesión que superaría los 75 años en dominio público" que ha sido recurrida ante la Justicia. Meijón reitera que si los tribunales determinan que dica prórroga se ajusta a derecho, como ya se dijo en otras ocasiones, el Ministerio respetará esta decisión judicial y no será recurrida. (No obstante, cabe recordar que no faltará quien lo haga, como ya anunciaron Greenpeace, APDR o el Concello de Pontevedra). En cualquier caso, la opinión del Gobierno expresada en diferentes ocasiones es que el límite máximo de permanencia en la ría de Ence debería ser el año 2033 cuando se cumplen esos 75 años de concesión, como establece la Ley de Patrimonio. A la espera de lo que decida la Audiencia Nacional, de decantarse por esta tesis la Audiencia Nacional, Ence vería limitada su permanencia en Lourizán a esta fecha de 2033, por lo que Meijón insiste en que la "mesa de diálogo" es la mejor alternativa para buscar continuidad a los puestos de trabajo y riqueza que genera la pastera y "se acepte cuanto antes un cambio de ubicación por parte de la empresa para su traslado, preferiblemente dentro de la comarca o, como mucho, de la provincia".
Ence da la bienvenida a las palabras de la ministra pues "pueden aportar tranquilidad", pero piden que se explicite en una disposición transitoria que el artículo 18.4 no será retroactivo
Las palabras de la Ministra en las redes sociales tuvieron una rápida contestación por parte de Ence. La empresa da "la bienvenida a unas declaraciones que, pensamos, pueden aportar tranquilidad, al afirmar que el proyecto de ley de Cambio Climático no afecta a las concesiones en la costa, como es el caso de la concesión de la planta de Ence en Pontevedra". No obstante, insisten en que para "reforzar esa tranquilidad" creen que "sería muy positivo que desde este Ministerio se promueva una disposición transitoria en este proyecto de ley, que deje claro que el artículo 18.4 no tiene efectos retroactivos". "Merece la pena recordar que el propio Consejo de Estado, en su dictamen preceptivo de este proyecto normativo, ya advirtió de la necesidad de cambiar su actual redacción para evitar una interpretación retroactiva del citado artículo. Una modificación que, por ahora, no se ha llevado a cabo", añade la compañía.
Por otra parte, también quisieron expresar "su apertura a la mesa de diálogo planteada para abordar, entre las distintas Administraciones, los representantes legales de los trabajadores y la empresa, la mejor solución de futuro para la biofábrica y para los más de 5.000 empleos vinculados a ella". En este sentido, vuelven a recordar que los informes independientes de consultoras de ingeniería como Idom y Poyri concluyen que "no es posible el traslado de esta instalación, por criterios técnicos ni económicos, a ningún otro emplazamiento de Pontevedra, ni de toda Galicia".
La compañía añade que continúa a la espera de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre los tres recursos planteados contra la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra: "Hasta el momento, dos sentencias firmes de este alto tribunal ya han desestimado, en 2018 y en 2020, sendos recursos que pretendían que se declarara la caducidad total de la concesión. De este modo, la Audiencia Nacional ha avalado el comportamiento medioambiental de la planta", señala la empresa.
La conselleira de Medio Ambiente recomendó a la ministra "que se deje de tuitear y se ponga a trabajar" para modificar la futura ley.
En las últimas semanas, la Xunta insistió en que el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático sí tendría este efecto devastador en el sector mar-industria del litoral gallego. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recomendó a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "que se deje de tuitear y se ponga a trabajar" para modificar la futura ley.
En declaraciones a los periodistas en Pontevedra recogidas por EFE, Vázquez ha pedido a Ribera que, en vez de justificar a través de Twitter que esta normativa no afectará a las empresas gallegas situadas en la costa, "conteste al dictamen" contrario a la ley que ha elaborado la Xunta de Galicia.
"De lo que estoy segura es que nosotros no mentimos. No engañamos. Desde la Xunta informamos", ha defendido la titular de Medio Ambiente en el gobierno gallego, que existe que Galicia "tiene un problema" si sigue adelante la ley de cambio climático.
Dos de sus artículos, el 18.3 y el 18.4, según el informe elaborado por el ejecutivo autonómico, son "inconstitucionales", al limitar "con retroactividad" que una empresa pueda ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestre durante un máximo de 75 años, prórrogas incluidas.
"Si nos vamos años atrás se crea una gran inseguridad jurídica", ha reiterado Ángeles Vázquez, que ha añadido que el Gobierno central también tendría "problemas", ya que las empresas afectadas podrían solicitar indemnizaciones millonarias.
Vázquez ha advertido que a pesar de que la ministra asegura que "no habría problemas" en Galicia, a la Xunta le consta un documento del propio Ministerio para la Transición Ecológica en el que se reconoce que hay 49 expedientes "sin resolver", de los que 15 son cultivos marinos.
De las 33 concesiones otorgadas, ha subrayado la conselleira de Medio Ambiente, solo 7 lo son para usos relacionados con su naturaleza y en tres de los casos "ya excedieron de ese plazo".
"Sería bueno que repasasen lo que nos mandan por escrito", ha apuntado Ángeles Vázquez, cuyo departamento ha enviado a todos los ayuntamientos una notificación para que "sepan qué edificaciones pueden tener problemas" y puedan adoptar las decisiones "oportunas".
