La Guardia Civil investiga a una empresa de Pontevedra y a otra de A Estrada por irregularidades en la gestión del amianto, un material empleado en la construcción y que conlleva riesgos respiratorios ante una exposición prolongada. La firma pontevedresa bajo pesquisas realizaba sustituciones de tuberías de fibrocemento en la Boa Vila.

Junto a ella, el Instituto Armado investiga a los responsables de otra empresa de A Estrada, dedicada especialmente a la sustitución de tejados. Se les atribuye un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años.

El Seprona detectó, en el marco de la operación “Crisolito 2”, una serie de irregularidades en estas dos empresas que manipulaban amianto sin la preceptiva inscripción en el registro pertinente. El amianto mezclado con fibrocemento se utiliza para construir las conocidas placas de uralita.

El riesgo en el trabajo con este material surge al desmantelar una construcción, ya que al cortar o trocear partes de uralitas, las fibras se desprenden y al inhalarse pueden provocar enfermedades graves relacionadas con el aparato respiratorio.

La Guardia Civil ha investigado penalmente a los responsables de dos empresas de A Estrada y Pontevedra por infringir las normativas sobre residuos y sobre la seguridad en los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Según pudo comprobar el Seprona, ambas empresas realizaban trabajos de retirada de amianto sin cumplir los requisitos mínimos exigidos por las normas de prevención de riesgos labores, y mientras una de ellas eliminaba los residuos de amianto vertiendo los mismos en un terreno rústico de protección especial, la otra los trituraba y mezclaba con residuos de la construcción para su posterior gestión como residuos inertes.

Por su parte, al gerente de la empresa ubicada en A Estrada, se le notificó también la condición de investigado por un presunto delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, castigado con penas de seis meses a dos años.

Las diligencias instruidas se entregaron en los Juzgados de Guardia de A Estrada y Pontevedra, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos por la autoridad judicial.