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Condenan a un banco a devolver medio millón que un pontevedrés invirtió en la compra de acciones

La sentencia señala que la entidad no dio información veraz e incumplió su deber de asesorar

Edificio judicial de A Parda/ Gustavo Santos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Pontevedra ha dictado una sentencia en la que anula la compra de acciones del Banco Popular y obliga al Banco Santander (que a su vez adquirió en junio de 2017 la anterior entidad por el precio simbólico de un euro) a devolver más de medio millón de euros, tanto lo invertido en estas participaciones como una indemnización equivalente a la pérdida patrimonial sufrida.

El cliente adquirió acciones del Banco Popular suscritas en los años 2016 y 2017, y la sentencia obliga ahora a la entidad que lo absorbió a devolverle tanto lo invertido como los intereses y costas. El demandante fue representado por el despacho de abogados de Pontevedra Sánchez & Roma, que destaca que “ha quedado plenamente demostrado” que la información económico-financiera" que el banco estaba obligado a facilitar en el folleto para la ampliación de capital social “no se correspondía con su verdadera situación y con los niveles de solvencia y de calidad de sus activos que pregonaba a los cuatro vientos”.

Esa información “no veraz y engañosa” fue la que llevó finalmente al comprador a invertir “por lo que el consentimiento dado por el cliente no solo era erróneo sino que también el Popular incurre en responsabilidad”, recuerdan sus abogados. Así, en el fallo se hace constar expresamente que el banco incumplió “sus obligaciones de asesoramiento financiero y deber de información”.

En la sentencia la magistrada declara “la nulidad por error en el consentimiento de los contratos” de tres compras: una de 124.098 acciones por valor de unos 46.000 euros, una segunda por alrededor de 38.000 y una tercera que supuso un desembolso para el particular de 155.000 euros.

En total, se dejan sin efecto las adquisiciones de 275.468 acciones y se condena al banco a devolver al particular la inversión realizada de 239.366,50 euros “con los intereses legales desde la fecha en que se ejecutó cada compra” y condena también a la parte demandada a abonar las costas.

A mayores se declara la responsabilidad contractual del banco por ese incumplimiento de su deber de asesoramiento e información y se lo condena a abonar al cliente, en concepto de daños y perjuicios, “la cantidad equivalente a la pérdida patrimonial sufrida, 268.348,40 euros”, también con los intereses legales desde la fecha en que se ejecutó cada compra.

“Se trata de la primera sentencia de tan elevada cuantía, y con todos los pronunciamientos favorables, que se dicta en los juzgados de la provincia de Pontevedra, y quizás de Galicia”

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Ambas indemnizaciones suman un total de 507.714, 90 euros, más los intereses legales y costas. Sánchez & Roma destaca especialmente que “se trata de la primera sentencia de tan elevada cuantía, y con todos los pronunciamientos favorables, que se dicta en los juzgados de la provincia de Pontevedra, y quizás de Galicia”.

El bufete que presentó la demanda también subraya es que las acciones compradas “se formalizaron antes de la ampliación de capital social que se hizo en fecha 20 de junio de 2016, durante dicha ampliación y con posterioridad a la misma, en fecha 19 de abril de 2017, muy próxima a la fecha de 7 de junio de 2017 en que fue intervenido y vendido el Popular”.

La imagen que daba el banco en el folleto de ampliación de capital en junio de 2016 “ponía de manifiesto que era un banco rentable, con beneficios y un buen futuro”, según la contabilidad que aportaba hasta diciembre de 2015, a excepción de un ejercicio que dio pérdidas. Esta trayectoria cambió y solo unos meses después “se presentaron pérdidas superiores a los 3.500 millones de euros”, recuerdan los abogados.

El 7 de junio de 2017 el banco fue absorbido por un euro. En base a la comunicación del Banco Central Europeo, de la Junta única de Resolución (JUR) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) “deciden declarar la resolución del Popular ante la inviabilidad del mismo para hacer frente, por falta de liquidez, al pago de sus deudas y demás pasivos, lo que conlleva que el Banco Santander, como comprador del Popular, sigue soportando los quebrantos económicos ocasionados por la entidad ya extinguida”.

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