Una columna formada por trabajadores de Ence marchó por la autovía de Marín a primera hora de esta mañana. Unas 300 personas ataviadas con chalecos reflectantes participaron en la movilización, encabezada por dos pancartas: una por la industrialización de Galicia y otra contra la destrucción de los tráficos del puerto de Marín.

Trabajadores del sector forestal en la autovía de Marín. FdV

La manifestación, que se inició en la rotonda de Placeres, cortó por completo el tráfico de los dos carriles de la PO-11 con sentido Pontevedra.

La protesta causó alarma en la ciudad de Pontevedra al vislumbrarse desde el casco urbano una densa columna de humo negro en el entorno de la biofábrica. La humareda procedía de la quema de neumáticos en plena autovía por parte de un grupo de trabajadores que participan en la marcha.

La protesta se trasladó hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, donde se ha desplegado un notable operativo policial. Los manifestantes exigen ser recibidos y que les confirmen un encuentro presencial con la ministra de Transición Ecológica.

Por otra parte, un grupo integrado por trabajadores del sector forestal, de empresas auxiliares y de Ence se han encerrado en la Diputación Provincial.

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Encierro en la Diputación de Pontevedra contra la salida de Ence de la ría Gustavo Santos

Denuncias y movilizaciones

Las palabras del presidente del Grupo Ence, Ignacio de Colmenares, aludiendo a un posible "susto mayúsculo ambiental" debido a la incertidumbre generada por la Ley de Cambio Climático y la prórroga de Ence, han avivado las llamas de un conflicto sin visos de solución a corto plazo. A los recursos contra la prórroga de la concesión a la pastera, que el gobierno de Mariano Rajoy amplió hasta 2073, se suma la nueva regulación que prepara el ministerio de Transición Ecológica. Ence denuncia que esta pone en peligro el futuro de la pastera en Lourizán.

Tras las controvertidas declaraciones de Colmenares recogidas en un vídeo, que la compañía tacha de ilegal y descontextualizado, se han sucedido las denuncias por posible delito medioambiental del Concello de Pontevedra, la APDR o el PSOE local.

La Fiscalía provincial ha abierto una investigación penal sobre la seguridad de Ence y ha pedido oficios al Seprona y a la Xunta de Galicia.