La Fiscalía de Pontevedra ha abierto una investigación penal sobre Ence, tras las declaraciones del presidente y consejero delegado de la empresa, Ignacio de Colmenares, quien afirmó que “en Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar además a las personas”. Ante estas manifestaciones del máximo responsable de la compañía, el órgano judicial ha remitido oficios al Seprona de la Guardia Civil y a la Xunta de Galicia, a quienes reclama informes sobre el estado de la factoría de Lourizán.

Esas controvertidas declaraciones se recogen en un vídeo que trascendió el pasado fin de semana y sobre el que la empresa insiste en que fue “recogido ilegalmente” y no debe “ser descontextualizado”.

“Las palabras recogidas y difundidas” en ese vídeo, “sacadas de su contexto, no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención”, dijo la empresa.

Reacciones

Sin embargo, esas declaraciones han provocado una cascada de reacciones en Pontevedra, la mayoría para exigir explicaciones a la fábrica sobre la seguridad de sus instalaciones. El propio alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, exigió a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que abran una investigación de oficio: “Necesitamos tener la certeza de que los 84.000 pontevedreses viven en un entorno seguro; con la tranquilidad y con el sueño de nuestros vecinos no juega ni Ence ni nadie”.

A esta reclamación se unieron el PSOE local y la asociación APDR, que además interpuso una demanda contra el propio Colmenares.

Una vista de Ence

No es la primera vez que la pastera se somete a requerimiento judicial. En diciembre de 1993 el Juzgado de Instrucción número 6 de Pontevedra abrió diligencias por presunto delito ecológico contra Ence. El proceso judicial se dilató casi diez años, tras los que la Audiencia Provincial condenó a los principales directivos de Ence por las emisiones contaminantes de la factoría a la atmósfera y a la ría. Las fuertes críticas llevaron a Ence a realizar importantes inversiones en mejoras tecnológicas y medioambientales.

En noviembre de 2002 la Audiencia Provincial condenó a seis ex directivos de Celulosas por contaminar la ría y la atmósfera, al llegar a un acuerdo de conformidad para evitar meses de juicio. El fallo obligó a los acusados, y solidariamente a la empresa pastera, al pago de una indemnización de 432.728,72 euros a las consellerías de Política Territorial y a Pesca, para reparar los daños causados a la ría desde la instalación de la fábrica pastera en 1958.

El certificado AENOR como aval

Ence, tras conocer la actuación de la Fiscalía, reiteró a través de un comunicado que “el complejo de Ence en Pontevedra es totalmente seguro”. Así lo avala, apunta, la certificación de AENOR “que acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001 por parte de la planta, por su robusto sistema de gestión de la seguridad. De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España”. La compañía añade que esta planta es inspeccionada periódicamente, “con resultados satisfactorios”, por organismos de control autorizado por el Estado en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial. “El extracto de la intervención del CEO de la empresa, grabado ilegalmente, no debe ser descontextualizado, sino que debe entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente al conjunto del equipo humano de la empresa. Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora”. Y añade que apenas unos minutos antes, el CEO de la empresa se había referido a “la necesidad de seguir mejorando día a día el comportamiento medioambiental de las plantas de Ence, por respeto al entorno y a las comunidades con las que convivimos”.

José Benito Suárez y Rafael Domínguez se reunieron ayer. | // FARO

“Nos preocupa el puesto de trabajo de más de 400 familias”

En concreto, en el caso de Pontevedra, mencionó la necesidad de seguir mejorando el comportamiento oloroso de la fábrica. En este sentido, añadía, los equipos que más recorrido de mejora tienen son la caldera de recuperación y caustificacion. “Estos equipos son absolutamente seguros y, prueba de ello, es que la compañía goza del reconocimiento High Risk Protected por la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa. Un hito que la planta ha alcanzado como consecuencia de las fuertes inversiones ejecutadas en esta instalación desde el año 2016, de 132 millones de euros”. Dichas inversiones “junto con el rigor y calidad en la operación de la planta, garantizan la seguridad absoluta de la instalación. Solo a doce años vista, de aquí a 2033, y en el caso de que no se pudieran realizar las inversiones necesarias por no contarse con la necesaria seguridad jurídica para ello, la empresa se vería obligada a cerrar la planta ya que, en todo momento, debe operar con total seguridad”, añade Ence.

"Una posible marcha de Ence es una sentencia de muerte para gran parte de nuestro tejido empresarial”

“Una posible marcha de Ence es una sentencia de muerte para gran parte de nuestro tejido empresarial”, se mostró contundente el líder del PP en Pontevedra, Rafael Domínguez, tras una reunión con el presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez. Ambos mostraron su preocupación por el impacto de un eventual cese de la actividad de Ence en Pontevedra. “Nos preocupa seriamente que más de 400 familias que viven en Pontevedra y trabajan en la factoría vean peligrar su puesto de trabajo. Pontevedra no puede permitirse este cierre, en un año tan dramático, y con una crisis sin precedentes. El golpe va a ser durísimo”, destacó Domínguez.

"Muchas pequeñas y medianas empresas de la ciudad verán peligrar su continuidad"

“Muchas pequeñas y medianas empresas de la ciudad verán peligrar su continuidad. Y como es obvio, el puerto de Marín se verá muy afectado”, La terminal marinense es la principal vía de exportación de la pasta de papel de Ence, cifrada en unas 400.000 toneladas anuales. Esto supone, según los datos del Puerto, un “60% de la mercancía general convencional (no contenerizada)” de sus tráficos. Esto implica la llegada de una media de 100 barcos y unos 14.000 movimientos de camión, según expuso el presidente José Benito Suárez Costa. “Son unos datos a tener muy en cuenta”, ha añadido Rafael Domínguez, “por lo que el cierre se llevará por delante cientos de puestos de trabajo”.

Sobre el papel del gobierno local de Pontevedra, Domínguez endurece su crítica: “Son responsables de que Pontevedra vaya a perder el 28,16% de su PIB. No han hecho nada por retener a la empresa, y lo que es peor, han favorecido el desempleo en nuestra ciudad. No conozco a ningún alcalde que expulse a las empresas de la ciudad y se sienta orgullo haciéndolo”, añadió el popular.

También el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de “echar” de España al sector industrial y de “no buscar soluciones” para la situación de plantas como Ence.