La Fiscalía de Pontevedra abre de oficio una investigación penal tras la polémica en torno a las declaraciones del presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, sobre un “susto mayúsculo ambiental” en la fábrica de celulosas. Por ello, el órgano judicial ha remitido oficios al Seprona y a la Xunta de Galicia a los que solicita informes sobre el estado de la factoría de Lourizán.
Esas controvertidas declaraciones se recogen en un vídeo que trascendió el pasado fin de semana y sobre el que la empresa insiste en que fue “recogido ilegalmente” no debe “ser descontextualizado”. Sin embargo, esas palabras han provocado una cascada de reacciones en Pontevedra, la mayoría para exigir explicaciones a biofábrica sobre la seguridad de sus intalaciones. El propio alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, exigió a la Xunta y al Gobierno que se abriese una investigación de oficio: "Necesitamos tener la certeza de que los 84.000 pontevedreses viven en un entorno seguro; con la tranquilidad y con el sueño de nuestros vecinos no juega ni Ence ni nadie". A esta reclamación se unieron el PSOE local y la APDR, que además interpuso una demanda contra el propio Colmenares.
Condena por delito ecológico
En diciembre de 1993 y ante la gran alarma social, el Juzgado de Instrucción número 6 de Pontevedra abrió diligencias por presunto delito ecológico contra Ence. El proceso judicial se dilató casi diez años, tras los que la Audiencia Provincial condenó a los principales directivos de Ence por las emisiones contaminantes de la factoría a la atmósfera y a la ría. Las fuertes críticas llevaron a Ence a realizar importantes inversiones en mejoras tecnológicas y medioambientales.
Fue el fiscal jefe Juan Carlos Aladro Fernández quien dirigió la acusación del Ministerio Público contra la pastera en aquel momento,
