Son dos los frentes que amenazan seriamente la continuidad de Ence en Pontevedra. El ya conocido litigio judicial sobre la prórroga de la concesión que se dirime en la Audiencia Nacional y, el segundo, y que ha generado este último revuelo con el anuncio del posible cierre anticipado de la pastera y protestas de los trabajadores, se refiere al contenido de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica actualmente en tramitación.
Concretamente, tanto la empresa como la Xunta, el PP o el sindicato Comisiones Obreras (y los trabajadores alineados con él), aluden al polémico artículo 18.4 de la citada ley como un elemento que impediría a Ence contar con la seguridad jurídica suficiente para desarrollar su proyecto empresarial e Lourizán.
Se trata de un párrafo que analiza la regulación de las concesiones en terrenos de dominio público marítimo terrestre. En él se recoge que las concesiones y las prórrogas no podrán superar los plazos ya recogidos en la actual legislación vigente y que dichos plazos se comenzarían a computar desde el otorgamiento de la concesión y no desde la aprobación de las posibles prórrogas. Esto perjudicaría a Ence de aplicarse la ley con carácter retroactivo, puesto que limitaría notablemente el plazo máximo en el que podría permanecer en la ría y lo fijaría en 2033, dado que la nueva prórroga, aunque fuera dictaminada como legal por los tribunales, no podría contabilizarse desde el momento en el que se cursó su petición como ocurre actualmente (2013-2073), sino desde la instalación de Ence en Lourizán en 1959.
¿Pero afecta el 18.4 de esta ley a Ence? ¿Tiene este artículo carácter retroactivo? Toda la polémica se reduce a la conjugación de un tiempo verbal.
Según la delegación del Gobierno, el PSdeG o el diputado del PSOE en Madrid Guillermo Meijón esta ley no afecta para nada a Ence. E incluso empeñan la palabra de la ministra Teresa Ribera en ello.
Desde el PSOE y la Delegación del Gobierno insisten en que lo que determinará el futuro de Ence será el litigio judicial abierto por la prórroga de la concesión, así como lo establecido en las leyes de Costas y Patrimonio que ya establecen unos plazos máximos para las concesiones y sus prórrogas. Por lo que no entienden que esta ley sea un problema.
El Consejo de Estado reclama que se cambie la nulidad de los actos "dictados" por "que se dicten" para eliminar cualquier posibilidad de retroactividad
Ence, Xunta, el PP y las organizaciones empresariales que defienden la permanencia de Ence insisten en que el polémico artículo sí puede ser retroactivo. Se basan sobre todo en el preceptivo informe del Consejo de Estado a esta ley y lamentan que el Gobierno no atienda a una sencilla recomendación para dar mayor seguridad jurídica al texto y a empresas radicadas en al costa como Ence: cambiar un tiempo verbal.
“Que se dicten”, no “dictados”
Señala el órgano consultivo en su informe que “con el fin de dejar claramente establecido que se trata de actos posteriores a la ley” planean que se cambie el tiempo verbal del artículo para que en vez de que sean nulos los actos “dictados” como se recoge ahora mismo, se cambie el tiempo verbal para señalar que serán nulos actos “que se dicten” a partir de la aprobación de la ley.
En cualquier caso, el Consejo de Estado tampoco dice que si este cambio verbal no se lleva a cabo finalmente el artículo se dote de este carácter de retroactividad. De hecho señala en su informe que la nulidad se aplicaría en todo caso “únicamente a los actos administrativos que se dicten con posterioridad a la entrada e vigor de la ley cuyo anteproyecto se dictamina”.
Carta a Losada
Sea como fuere, el polémico artículo 18.4 motivó también ayer la preocupación de la Xunta de Galicia que remitió una carta al delegado del Gobierno, Javier Losada, solicitando que se modifique el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático “para dar seguridad jurídica y para cumplir, ni más ni menos, que lo señalado por el Consejo de Estado”.
La misiva, firmada por las conselleiras de Mar, Rosa Quintana, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez también le preguntan a Losada si sus declaraciones asegurando que esta ley no afecta a Ence, ni a su prórroga, supone por parte del actual Gobierno central que la actual ley 2/2013 de Costas (aprobada por el PP y en base a la que se concedió la prórroga de Ence) sí permite la concesión de prórrogas extraordinarias de concesiones otorgadas con anterioridad a la citada ley y por un plazo superior a los 75 años y “siendo así que las prórrogas concedidas bajo el mandato de la ley de 2013 (como es el caso de la Ence) son conformes a derecho aún que se supere el máximo de 75 años”, explican.
