La empresa Ence ve en el artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que se está tramitando en las Cortes actualmente el clavo que sellaría el ataúd de su fábrica de celulosas en Pontevedra.
En unas instalaciones industriales sobre las que ya pesa la espada de Damocles del recurso interpuesto contra la prórroga de la concesión, la empresa reconocía ayer que la aprobación de la ley incluyendo este artículo les obligaría a “un cierre ordenado de la planta, de forma rápida” tal y como confirmaron fuentes de la compañía a FARO.
El mismo discurso es que el trasladó el miércoles el propio presidente de Ence, Ignacio Colmenares, a los trabajadores de la fábrica pontevedresa.
Toda la polémica se centra sobre el artículo 18 y sus puntos 3 y 4 del proyecto de ley en tramitación. Se trata de dos puntos en los que se regulan los periodos máximos de duración de las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Aunque fuentes socialistas y los abogados del propio comité de empresa de fábrica de Lourizán insisten en que el artículo no afectaría a las concesiones en vigor, desde Ence (y otros organismos como la Xunta) creen que sí es retroactivo: “El propio Consejo de Estado ha pedido modificar la redacción para que no sea retroactivo, cosa que no se ha hecho”, indican desde la empresa.
132 millones ya invertidos
Desde la compañía que preside Ignacio Colmenares se recuerda que Ence ya ha invertido en la planta de Lourizán, desde el otorgamiento de la prórroga en 2016 y hasta 2019, un total de 132 millones de euros. “Como es lógico, desde el allanamiento (decisión de la Abogacía del Estado de no defender la prórroga de esta concesión y apoyar a los recurrentes que piden su anulación) hemos parado las inversiones”, añaden.
“Si se aprueba este proyecto de ley sin eliminar la retroactividad del artículo 18.4, las inversiones seguirían congeladas”, explican, lo que obligaría a cerrar la planta
“Si se aprueba este proyecto de ley sin eliminar la retroactividad del artículo 18.4, las inversiones seguirían congeladas”, explican desde la compañía. Demasiada inseguridad jurídica sobre esta fábrica como para seguir destinándole esta ingente cantidad recursos económicos. Es por ello que, aunque incluso con esa retroactividad la planta podría continuar legalmente en Pontevedra hasta 2033 (siempre que resulte favorable el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional), desde Ence confirman que la aprobación de esta ley, tal y como está redactada ahora mismo, “nos obligaría a llevar a cabo un cierre ordenado de la panta, de forma rápida”.
“No hay una ubicación posible en la que se pueda evacuar el agua del proceso ni tener acceso a puerto y a materia prima; y no tenemos los 700 millones necesarios” para construir una nueva planta
A partir de ese hipotético cerrojazo en Lourizán, Ence insiste en los posicionamientos que ya viene mostrando en los últimos años: “Si cierra Ence Pontevedra no invertiremos en una nueva planta de celulosa en Galicia: No es posible ni por criterios técnicos ni económicos”. “No hay una ubicación posible en la que se pueda evacuar el agua del proceso ni tener acceso a puerto y a materia prima; y no tenemos los 700 millones necesarios para ello”, reconocen desde la empresa. En cualquier caso, señalan que en el hipotético caso que fueran a invertir tal cantidad de recursos en una nueva planta afirman que “se haría en un lugar como Portugal o Brasil, donde la madera tiene un coste inferior (cerca de un 60% menos) así como la mano de obra” . Además, aseguran que en estos países “hay una mayor seguridad jurídica”. La empresa también alude al quebranto que supondría el cierre de Ence Pontevedra para el empleo, dado que (alcontrario de lo que ocurrió con Elnosa) no hay posibilidad de recolocación: Al no poder habrir una nueva planta no sería posible “reubicar al equipo humano de Pontevedra”. “En las demás plantas no tenemos necesidad de más personal, de tal modo que tampoco en ellas podrían ser recolocadas estas personas”, indican fuentes de la empresa.
CC. OO. y trabajadores convocan nuevas protestas
Ayer también quedó claro que la plantilla de Ence afronta esta crisis con sus representantes sindicales distanciados, al menos en lo que respecta a las formas de solicitar la continuidad de la empresa en Lourizán. Los delegados sindicales de Comisiones en el comité de fábrica, en Norfor, el comités de oficinas y la oficina forestal comparecieron para anunciar un recrudecimiento de las movilizaciones. Las diferencias con el comité de empresa de fábrica de UGT y CIG quedaron patentes cuando desde Comisiones calificaron su propuesta de una mesa de negociación como “una cortina de humo” que solo hace esconder la “gravedad de la situación actual”. Así, anunciaron nuevas protestas. Una el día 5 en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica y otra los días 11 y 12 con una “peregrinación” hasta la sede del PSdeG en Santiago para pedir la retirada de este artículo 18.4 de la ley de Cambio Climático.
Comisiones dice que el 31 de marzo es la fecha límite para cambiar la ley
Provistos con carteles en contra del PSOE, los delegados sindicales de Comisiones Obreras explicaron que probablemente el 31 de marzo sea la fecha límite para poder retirar este artículo de la ley en la comisión del Congreso en la que se debate antes de su aprobación. Los trabajadores creen que se trata de un artículo que poco tiene que ver con el cambio climático y que más bien es “un seguro legal para asegurarse que nos terminan echando”. García Pedrosa, de Comisiones, asegura que el propio secretario general de CC OO, Unai Sordo, está presionando para evitar una catástrofe pues afirma que la “masa salarial” de Ence es igual a los presupuestos del Concello de Pontevedra.
