El mismo día en el que los gobiernos de España y Portugal confirmaban que las fronteras seguirán cerradas hasta el 16 de marzo. La Diputación de Pontevedra y la AECT Río Miño desvelaron un estudio elaborado por un equipo de investigación liderado por el profesor de la Universidade de Vigo, Francisco Xavier Martínez Cobas, en el que se analiza el impacto económico que tuvo esta medida sobre los 26 municipios de la “raia” durante los 75 días que duró el primer confinamiento (17 de marzo a 1 de julio).

Fue el propio Martínez Cobas, acompañado del diputado y director de AECT Río Miño, Uxío Benítez, quien dio los datos de este estudio y que vienen a demostrar como el cierre de fronteras está provocando en las zonas fronterizas un daño a mayores mucho más importante del que ya inflingen las propias medidas restrictivas y el confinamiento en cualquier otra área.

Así, por ejemplo, utilizando siempre datos oficiales de ambos países, se midieron diversos efectos como tiempos de espera, caídas de facturación o gastos a mayores en transporte. En este último caso, sin ir más lejos, se calcula que los rodeos que se ven obligados a dar muchos trabajadores transfronterizos debido a los cortes de los pasos (quedando únicamente Tui como punto para cruzar la “raia”, junto con el más limitado de Monçao) supone un gasto mensual a mayores de media para cada trabajador de entre 200 y 300 euros más al mes, según indicó Benítez. “Es como si cierran el puente de Rande y para ir de Pontevedra a Vigo obligan a toda la ciudadanía a pasar por un control en Pontesampaio”, indicó el diputado.

"Se calcula que en Galicia hay unos 25.000 trabajadores transfronterizos"

El estudio también cifró el número de trabajadores transfronterizos entre Galicia y Portugal en unos 25.000. En la provincia de Pontevedra y el distrito de Viana do Castelo son unos diez mil. Se trata, en todo caso, de trabajadores gallegos o lusos con residencia en Portugal o Galicia y que tienen su puesto de trabajo en el país vecino. A todos ellos hay que sumar los miles de trabajadores (especialmente transportistas o comerciales) de toda Galicia o el norte luso que deben cruzar la frontera cada día: Son unas 4.500 personas cada jornada. Según el estudio desarrollado por la Universidad de Vigo, y calculando un tiempo de espera para cruzar el puente de Tui de un cuarto de hora para venir y otro cuarto de hora en la vuelta debido a los controles, se estima que durante los 75 días del primer cierre de fronteras se perdieron unas 180.000 horas de trabajo solo en lo que respecta a las retenciones en el puente (a esta cifra habría que sumar los rodeos que tienen que dar muchos trabajadores por el cierre de los pasos fronterizos junto a sus casas). Se trata, además, explicaba el profesor Martínez Coba, de un cálculo a la baja, dado que “las imágenes mostraban tiempos de espera muy distintos” al cuarto de hora que se tomó como referencia.

La caída de la facturación en estos concellos fronterizos fue de 96 millones durante el primer confinamiento, se calcula que un 12% más en el comercio y un 19% en la hostelería que en el resto de municipios que no son frontera

Otra de las mediciones se realizó sobre el impacto en el Producto Interior Bruto de esos concellos del Miño pontevedrés y luso. Al igual que el resto de los municipios, sufrieron un descenso importante en lo que respecta a la facturación de sus negocios, sobre todo en lo que respecta a hostelería y comercio. No obstante, el informe de la UVigo permite concluir que el daño en los municipios del Miño es todavía mayor por el efecto del cierre de las fronteras. Así, el descenso de la facturación fue de 92 millones de euros en esos 26 concellos durante el primer estado de alarma. Se calcula que esta caída es un 12% mayor en el caso del comercio y de un 19% en la hostelería respecto a estos ayuntamientos frente a otros no fronterizos por el levantamiento de las barreras entre España y Portugal. Hay que tener en cuenta que cuando en todo el país comenzó la desescalada antes, los negocios transfronterizos que se nutrían de clientes del otro lado de la raia no pudieron recuperar la actividad hasta el 1 de julio.

El estudio se refiere al primer confinamiento pero el profesor Martínez Cobas ya adelantó que el impacto de las medidas en este segundo cierre de fronteras, del que se cumple un mes, “será mayor”: Y es que el primer confinamiento “fue más radical” a ambos lados, parando la actividad por completo, pero “lo sorprendente de este segundo es que la actividad se mantuvo a ambos lados de la frontera, pero lo que no se puede es cruzar al otro lado”, por lo que estos municipios que viven de esa interacción lo van a sufrir más.

"El mal ya está hecho": Los ayuntamientos afectados piden compensaciones y crearán un registro de afectados

Uxío Benítez lamentó que toda esta situación se produzca por no “poner más guardias en todos los pasos fronterizos” lo que hubiera permitido mantener la totalidad de los pasos abiertos. Recuerda que la provincia de Pontevedra acumula el 50% de los cruces de frontera entre España y Portugal a pesar de representar solo un 5% de la misma. Asegura que han sido los dos estados los que, para ahorrar costes, han decidido repercutir estas cuantías en los trabajadores de esta zona transfronteriza y por ello, ayer en una reunión con los 26 alcaldes afectados, acordaron solicitar compensaciones. “El mal ya está hecho”, explicó el diputado provincial, de tal forma que ahora reclama que se compense a esta zona fronteriza con los fondos que destina Europa para estos proyectos de recuperación y cooperación. Benítez exige además que esos fondos lleguen efectivamente a las zonas “raianas” dado que actualmente se da la perversión de que tanto en Galicia como en Portugal podrían optar a estas ayudas proyectos de otras entidades territoriales bastante alejadas de estas comarcas fronterizas.

Otro de los acuerdos adoptados radica en la creación de un registro de afectados que se gestionará a través de los concellos y la AECT Río Miño, para “poner cara, nombres y apellidos” a las personas que se han visto afectadas por esta medida a modo de realizar un registro de perjudicados.