El PP denuncia que una militante del BNG lleva 20 años contratada en el Concello

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, denunció ayer la “prórroga irregular durante más de 20 años de un contrato entre el Concello y una persona que forma parte del Consello Local del BNG de la ciudad”. Desde el año 99, año en el que se contrató por primera vez a esta persona, el BNG ha renovado anualmente esta relación contractual, a pesar de que Ley de Contratación Pública limita a un máximo de cuatro años este tipo de contratos, clasificados como de obra y servicio.

Pese a los reiterativos informes desfavorables de los servicios de Intervención y de Personal a esta contratación, “alegando que este puesto debería cubrirse mediante convocatoria pública”, Domínguez es claro: “Lores utilizó su influencia para saltarse los informes de estos dos servicios para mantener, durante más de 20 años, contratada de forma irregular a una persona que forma parte del Consello Local del BNG, el cual está presidido por Raimundo González y Carme da Silva”.

“En el mes de abril, al menos dos personas con plaza interina en el Concello de Pontevedra se van a ver en la calle. Aquí se están utilizando criterios distintos: si eres del BNG o no. Y no me voy a callar: voy a decir todo lo que entienda necesario para que la gente sepa que sucede en el ayuntamiento de Pontevedra, que curiosamente siempre beneficia al Bloque”, ha añadido el popular.

Destino del dinero

La comparecencia pública del líder de los populares de la ciudad del Lérez se engloba en una serie de ruedas de prensa en las que Domínguez vienen denunciado episodios en los que “el dinero de todos los pontevedreses ha terminado en el bolsillo de gente y asociaciones afines al BNG”: “Organizaciones políticas como Galiza Nova o Galiza Sempre, fundaciones nacionalistas, contratos a grupos de música de familiares y amigos, o directamente gente de su entorno político: la número 21 de las listas locales, el responsable político de O Salnés, o cargos del BNG, como es el teniente alcalde de Barro”.

Por su parte, la afectada hizo público un fallo judicial de 2019 que declaró indefinido su contrato en el Concello.