El confinamiento y las restricciones adoptadas por la pandemia se han traducido en un descenso de algunas figuras delictivas el pasado año, pero no así en aquellos ilícitos que, precisamente, suelen producirse en el ámbito familiar y en la intimidad. De hecho, en algunos casos este tipo de delitos se han agravado.
En el caso de la violencia de género en Pontevedra, el balance de la Policía Local señala un ligero incremento de los delitos respecto al 2019, con apenas uno más, pero aún así se sitúa con 24 casos en la cifra más elevada de la última década.
Según las cifras facilitadas ayer por el Concello de Pontevedra, fueron los quebrantamientos de las órdenes de protección los que impulsaron esta subida de los delitos de violencia sobre la mujer. Fueron un total de 12, la mitad de todas las incidencias registradas, frente a los 11 casos de mal trato en los que intervino la policía municipal y uno más de violencia doméstica. Así, mientras que los once casos de maltrato en los que intervinieron en 2020 son la cuarta cifra más baja de la última década (en 2017 hubo 18 y en 2019 la cifra se había situado en 12), los 12 casos de quebrantamiento de las órdenes de alejamiento y protección suponen la cifra más alta de incumplimientos desde 2011.
La Policía Local realizó en 2020 diez detenciones y 14 imputaciones por delitos de malos tratos
El año pasado dejó una cifra de 10 detenidos y 14 imputados por delitos de violencia de género por parte de la Policía Local, que tiene un equipo dedicado en exclusiva tanto a la persecución de estos delitos y su investigación; como a la protección de las mujeres víctimas de esta lacra.
Así se recoge en el convenio que está en vigor desde 2006 y que reparte esta función de lucha contra el maltrato y protección contra la violencia de género entre la Policía Nacional y Local en la ciudad de Pontevedra.
Los agentes señalan que es necesario evitar una segunda victimización de las mujeres que cambian de riesgo medio a riesgo alto y pasan a estar vigiladas por la Policía Nacional
Entre las funciones de los policías locales de este equipo se encuentra también, una vez denunciado el caso, realizar una valoración del riesgo que tiene la víctima. Los agentes municipales tienen encomendada la protección y seguimiento de las víctimas hasta nivel medio, siendo las de nivel alto transferidas a la UPAP de la Policía Nacional.
En este sentido, la memoria de la Policía Local hace constar que “este cambio no es lo más conveniente para la víctima, pues le provoca perjuicio al sufrir una nueva victimización por tener que volver empezar con su relato de circunstancias personales a otros agentes”, además de perderse la información de la mujer que estuvo en seguimiento durante el tiempo en el que estuvo protegida por la Policía Local. El cuerpo municipal hace constar, además, que esta opinión es coincidente con la de la Inspectora jefa de la UPAP de Comisaría por si se plantea un cambio en el protocolo de cara al futuro para mejorarlo.
Actualmente, la Policía Local tiene bajo su protección a un total de 24 pontevedresas. Tienen una media de 44 años de edad y tres de ellas no tienen valoración de riesgo, 5 tienen riesgo no apreciado, 12 riesgo bajo y finalmente tres se enfrentan a un nivel de riesgo medio. Incluso en la situación de alerta menos elevada, (riesgo no apreciado) el número de contactos mensuales de los agentes con las víctimas es de dos veces al mes.
En el más alto para la Policía Local, el de riesgo medio, se proporcionan a la víctima teléfonos de contacto permanentes, se realizan contactos telefónicos esporádicos y continuos, se le facilitan recomendaciones sobre autoprotección, servicio de teleasistencia móvil, acompañamiento, entrevistas personales y vigilancias aleatorias en domicilio y lugar de trabajo de la víctima (también de colegios si tuviera hijos). También se informa al agresor de que la mujer cuenta con un servicio policial de protección.
Vigilancias sobre agresores
Así, esta intensa actividad deja, por ejemplo, cifras como un total de 361 contactos telefónicos con las víctimas, más de un centenar de vigilancias presenciales en su entorno (domicilio, colegio, trabajo...), medio centenar de vigilancias a agresores o 30 comunicaciones de permisos penitenciarios de agresores, entre otros muchos.
