El jurado popular que juzgaba el caso del médico pontevedrés acusado de cobrar por entregar a las funerarias y a los familiares de fallecidos los certificados de defunción declaró ayer culpable al acusado de un delito de cohecho.

El veredicto del tribunal popular se dio a conocer ayer noche tras una larga jornada de deliberación por parte de los miembros del jurado.

Ahora, la presidenta de la Sección Cuarta deberá dictar sentencia en base a este veredicto de culpabilidad, por lo que será condenatoria. Solo hay que esperar a conocer el alcance de las penas.

La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión y siete y medio de inhabilitación

Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba una condena de tres años y medio de prisión para este médico, así como su inhabilitación para ejercer esta profesión o cualquier otra relacionada con la medicina durante siete años y medio.

Aunque en su declaración el médico atribuyó estas prácticas a las funerarias, las declaraciones de los familiares y de las empresas funerarias que declararon en en el juicio, aseguraron que era el facultativo quien les exigía el pago de cantidades de entre 30 y 100 euros por los certificados de defunción de personas que fallecían de muerte natural, principalmente en fin de semana, cuando estaba de guardia.

A lo largo de las dos sesiones del juicio prestaron testimonio en la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra familiares, responsables y empleados de distintas empresas funerarias que además no se conocían entre sí y de localidades tan dispares como Pontevedra, Cotobade o Chantada, que aseguraron que este médico les exigía cobrar mordidas por expedir certificados de defunción.

La pauta que se repetía en estos casos era que estos decesos fueron por causas naturales y que se producían en días festivos o durante el fin de semana, cuando el acusado estaba trabajando de guardia como médico de urgencias del PAC de A Parda. Entonces el acusado acudía con el 061 a los domicilios, pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el deceso, imposibilitando de ese modo que las funerarias pudieran manipular el cadáver.