El médico acusado de intentar cobrar por expedir certificados de defunción negó ayer en la Audiencia de Pontevedra haber tenido nada que ver con estos casos. Muy al contrario, el abogado de la defensa atribuyó el proceso al intento de los empleados de las funerarias de encubrir sus propias prácticas irregulares, en este caso solicitar pagos a mayores a las familias de los fallecidos, culpando a los sanitarios del sobrecoste, entre 30 y 100 euros por un trámite gratuito.
El jurado popular escuchó ayer el primer relato del fiscal y de la defensa, así como el testimonio del acusado, un profesional con más de 30 años de experiencia adscrito a un centro de salud de Pontevedra y que negó en distintas ocasiones haber pedido cantidad alguna por firmar certificados de defunción.
A propósito de cada uno de los casos (se lo acusa de solicitar pagos irregulares hasta en 4 ocasiones) fue detallando cómo es el proceso cuando se produce un fallecimiento en casa. En un primer momento es el médico de urgencias el que confirma la muerte (exitus), que incluye en el registro de históricas clínicas del Sergas IANUS. A partir de ahí el médico de cabecera, que conoce el historial de cada paciente, emite el certificado de defunción y la funeraria dispone de 24 horas para solicitarla.
Solo en casos excepcionales el facultativo de Urgencias puede emitir el certificado de defunción (por ejemplo como sucedía en uno de los casos ahora juzgados porque la fallecida era de Chantada) pero siempre “si conozco la historia del paciente, si los familiares no lo conocen no puedo ni debo”, recordó el profesional. Éste insistió en varios momentos en que no pidió “ninguna cantidad” a los empleados de las funerarias por hacerse con el documento oficial que certifica la muerte. También negó haber tenido enfrentamientos en el centro de salud con los operarios de las empresas fúnebres.
En uno de los casos por los que fue preguntado el médico hizo constar en su informe que por el certificado que le solicitó la funeraria “no se cobra”. El sanitario explicó que realizó esta anotación innecesaria (ya que la emisión del certificado es gratuita y constituye un derecho de todo usuario de la sanidad pública) porque en esos momentos “había el run run de que solicitábamos dinero” por la formalización del trámite.
Negó cualquier tipo de intencionalidad y explicó que “ese fin de semana unas compañeras” también habían realizado esa misma puntualización en sus respectivos informes.
Se enfrenta a una petición del fiscal del tres años de cárcel y siete y medio de inhabilitación
El jurado popular continuará evaluando hoy las circunstancias de estos hechos con las declaraciones de los trabajadores fúnebres, entre otros testigos que pasarán por la Audiencia Provincial en este proceso en el que el médico se enfrenta a una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de cohecho. El fiscal también pide que se lo inhabilite para el empleo de médico, cargo público relacionado con este ejercicio o con la condición de facultativo por un periodo de 7 años y medio.
