La Fiscalía Provincial de Pontevedra aseguró esta mañana al jurado popular que juzga el caso que hay "pruebas suficientes" para condenar por un delito continuado de cohecho a un médico adscrito al PAC de A Parda acusado de exigir pagos por emitir certificados de defunción. El fiscal del caso, Jesús Calles, ratificó su petición inicial de tres años y medio de cárcel y su inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante siete años y medio. La defensa solicita la libre absolución.

Calles mantuvo su acusación después de que desfilaran por la sala de vistas de la Audiencia de Pontevedra numerosos testigos, tanto familiares como empleados y responsables de empresas funerarias, que aseguraban que este médico les exigía dinero a cambio de entregar los certificados de defunción de las personas fallecidas. Se trataba de personas fallecidas en fin de semana, cuando él como médico de urgencias del PAC, era quien acudía a dar fe de fallecimientos en causas naturales en domicilios particulares.

Según el relato de los testigos, el "modus operandi" sería siempre muy parecido: El médico acudía al domicilio a confirmar el fallecimiento pero abandonaba pronto el lugar sin dejar ningún tipo de documento en la vivienda que acreditase el fallecimiento. Esto impedía que las funerarias pudieran trabajar para trasladar el cadáver o incluso proceder al enterramiento, para lo que el juzgado requiere el certificado de defunción. Como destacaron los peritos, se trata de un documento gratuito y al que tiene derecho todo usuario de la sanidad pública.

Según declararon, el médico les instaba a familiares y funerarios a que fuesen por su consulta en el PAC de A Parda para recibir el certificado, pero una vez allí, solo permitía entrar a los empleados de las empresas y les exigía el pago de ciertas cantidades (se habló desde 30 a 100 euros) por entregárselo. Especialmente contundentes fueron las manifestaciones de dos empleados de una funeraria y el responsable de una tercera radicada en Cotobade. En el caso de los dos primeros, señalan que tuvieron que pagar para lograr tan siquiera el certificado de "exitus" del paciente, para poder trasladar a los fallecidos desde Pontevedra a los lugares de Chantada y Mazaricos de donde eran originarios. "Nos ponía entre la espada y la pared", explicaba este empleado de una funeraria que debía trasladar un cadáver a Mazaricos, quienes acababan por acceder al pago ante la presión de las familias para sacar el cadáver del domicilio y llevarlo al tanatorio cuando la gestión con este médico se eternizaba. La funeraria le preguntaba a la familia si aceptaba el pago y "estos accedían ante esa desesperación". "Él nos decía que aquí todo el mundo paga, que la funeraria era una empresa privada y que él quería su parte del negocio". "Presumía en el sector de que todo el mundo le pagaba" y afirmó también que actuaba con "total impunidad y alevosía". Una familiar, hija de una fallecida, confirmó esta situación cuando la funeraria le informó de que el médico quería cobrarle por el certificado: "Le dije que pagase, no iba a dejar a mi madre fallecida en cama hasta el lunes", explicó, aún convencida de que el certificado tendría que ser gratuito.

La vista oral finalizó esta mañana con la lectura de los informes por parte de la Fiscalía y la Defensa y ahora la presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia procederá a entregar el objeto de veredicto al jurado para que dictamine si el acusado es o no culpable del delito que se le imputa.