La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a una madre, nacida en Pontevedra y de 53 años, como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa contra su propio hijo. Le impone una pena de cinco años y tres meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad del menor, que tenía 13 años en el momento de los hechos.

La sentencia se dicta por conformidad de las partes, en un asunto del que no había trascendido absolutamente nada hasta ahora. Según los hechos probados que se relatan en la sentencia, que ya es firme, el 27 de junio de 2018 la procesada acudió junto a su hijo a un hotel de carretera de Vilaboa. La procesada, una vez instalados en la habitación del hotel, suministró a su hijo anfetaminas (que él mismo tenía diagnosticadas por el padecimiento de un trastorno) y bezodiacepinas para lograr que este se durmiera más rápidamente. Una vez hecho esto, procedió a colocar en las escaleras y en la puerta de acceso a la habitación del hotel unos carteles elaborados por ella misma en los que se podía leer: “Peligro, entren con mascarillas, abrí una bombona de butano”.

La mujer, tras abrir el butano, envió varios mensajes de despedida a sus familiares

Señala el fallo que, “con la clara intención de terminar con la vida de su hijo, así como también con la suya propia, ajustándose al plan que había pensado detalladamente”, la mujer abrió la espita de la bombona de butano que había llevado a su habitación y luego envió varios mensajes a sus allegados a modo de despedida. Casi al instante de recibirlos, familares y agentes de la Guardia Civil comparecieron en el lugar de los hechos “evitando que se produjera el resultado fatal buscado por la procesada”.

A consecuencia de los hechos, el menor sufrió una intoxicación leve por gas butano y “sumisión química” provocada por la toma de las benzodiacepinas y las anfetaminas. Requirió asistencia sanitaria para su recuperación pero afortunadamente no le quedó ningún tipo de secuela física.

Patria potestad

El caso lo investigó el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra y finalmente llegó a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa que se materializó en pasado 10 de noviembre, dando lugar a esta sentencia en la que además de la pena de prisión y la retirada de la patria potestad, incluye una indemnización para el menor de 800 euros.