El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, cifra en 2.538 millones de euros la cantidad económica movilizada por el Gobierno central en la provincia de Pontevedra para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia de la COVID. De esta cantidad, 522 millones han servido para apuntalar el escudo social del Ejecutivo, a través de las prestaciones por desempleo, ERTEs y prestaciones a autónomos. El resto corresponde a la financiación facilitada a empresas por las líneas COVID del Instituto de Crédito Oficial.
Javier Losada ha valorado este “esfuerzo sin precedentes” del Gobierno de España ante una “situación sin precedentes”, y que continuará mientras dure la actual crisis sanitaria.
Losada ha desgranado estos datos durante una reunión celebrada por videoconferencia con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Durante la misma le ha trasladado el agradecimiento de la Administración General del Estado por la colaboración prestada durante los meses de pandemia, por ejemplo, en el reparto a los ayuntamientos de menor población de la provincia de más de 260.000 mascarillas donadas por el Gobierno de España.
ERTE
Javier Losada ha apuntado que, desde abril, el Gobierno de España ha apoyado a los trabajadores de la provincia afectados por los efectos de la COVID con 522 millones de euros en prestaciones. De ellas, 198,7 corresponden a abonos de ERTEs causados por la pandemia. “Desde abril, 82.652 trabajadores de la provincia han estado en algún momento bajo el paraguas de protección social de los ERTEs”, ha subrayado.
En cuanto al colectivo de los autónomos, Javier Losada ha indicado que entre abril y diciembre, el Gobierno de España ha abonado 96,4 millones de euros a autónomos de la provincia. Y ha añadido que “los recientes acuerdos del Ejecutivo central con los agentes sociales y con las asociaciones de autónomos garantiza la continuidad de ambos modelos de protección hasta el 31 de mayo renovando el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas”.
Empresas
Respecto a las empresas de la provincia, el delegado ha indicado que las líneas COVID del ICO facilitaron a 12.603 empresas y autónomos de la provincia el acceso a 2.016,2 millones de euros de financiación para hacer frente a sus necesidades de liquidez durante la pandemia. Hasta diciembre el ICO aprobó en la provincia 20.128 préstamos garantizados con avales de 1.557,7 millones.
Fuera de las líneas COVID, el delegado también ha informado que en el mes de diciembre 7.616 pontevedreses recibieron el Ingreso Mínimo Vital, una prestación puesta en marcha por el actual Gobierno. De ellos, 4.251 eran adultos y 3.365, menores).
El delegado del Gobierno ha abordado las previsiones de inversión del Gobierno en la provincia para este año, reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado, ya aprobados. Así, ha recordado que la ley de Presupuestos reserva para este año 215 millones en inversiones directas en la provincia, “lo que significa un aumento del 30% respecto a los anteriores de 2018”. Ha calificado los presupuestos como unas cuentas “realistas, adaptadas a las necesidades de la ciudadanía de la provincia”.
En cuanto a los proyectos contemplados, Javier Losada ha apuntado que los presupuestos reservan 20,9 millones de euros para la continuación de la A-57 y 2,3 millones para iniciar las obras de remodelación del Nudo de Bomberos o 2 millones para la construcción del cuartel de la Guardia Civil de Cambados, entre otras actuaciones.
También ha mencionado la partida reservada para la Zona Franca de Vigo, que asciende a 52 millones y que significarán “un revulsivo económico para Vigo, Pontevedra y Galicia”.
La A-57 y el Nudo de Bomberos
Silva pide que se exija a la Xunta transparencia sobre el destino del dinero
Carmela Silva preguntó al delegado por el importe de las transferencias extraordinarias recibidas por la Xunta desde el comienzo de la pandemia, a lo que Javier Losada detalló que los recursos recibidos por el Gobierno gallego desde el Estado alcanzan ya los 735 millones, de los que 224 millones están directamente dirigidos a mitigar los efectos económicos, otros 93 millones a reforzar la Educación pública y, finalmente, 418 a la sanidad pública. A La luz de estos datos, la presidenta de la Diputación pidió que el Gobierno de España exija que la Xunta ofrezca información transparente y detallada del destino de estos 735 millones de euros, “y más aún porque no está llegando ni un solo euro de estos recursos extraordinarios al mundo local, cuando las entidades locales somos las que gestionamos el día a día y las demandas de la ciudadanía”. Añadió que otras comunidades autónomas sí apuntalaron a la administración local, mientras la Xunta de Galicia optó por la vía contraria, abandonando competencias autonómicas y obligando a los ayuntamientos a atenderlas con recursos propios, como sucede con la atención a las personas dependientes a través del Servicio de Ayuda en el Hogar, las desinfecciones de los colegios o el control y seguimiento del cumplimiento de las medidas sanitarias. Javier Losada concordó con esta propuesta: “Hacéis muy bien en pedir explicaciones porque hay 224 millones de euros específicamente dedicados a afrontar los efectos económicos de la pandemia entre todos los sectores. Y el mismo cabe decir sobre los 93 millones para políticas educativas o los 450 de políticas sanitarias públicas”.
