La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge hoy el juicio contra un pontevedrés que se enfrenta a una petición de 25 años y 11 meses de cárcel por parte de la Fiscalía quien lo acusa de agredir sexualmente en varias ocasiones a su esposa, así como de malos tratos reiterados, amenazas y lesiones.
La pareja estuvo casada durante 40 años, un periodo en el que convivieron en el domicilio familiar de la ciudad del Lérez. La Fiscalía señala que durante “toda la convivencia, pero sobre todo durante los dos años anteriores a la fecha de la presentación de la denuncia” el 22 de mayo de 2018, el procesado insultaba y amenazaba a la víctima con “ánimo de amedrentarla”. Entre otras cosas le profería, supuestamente, frases como “inútil, te voy a matar” o insistía en que le iba a “reventar la cabeza” mientras golpeaba “con agresividad” paredes o puertas de la vivienda.
Según el escrito de acusación, el procesado le echaba la mano al cuello o le propinaba empujones a su mujer con frecuencia. Además, la insultaba llamándola “puta o zorra” para menospreciarla, siempre según el relato del Ministerio Público.
El 18 de mayo de 2018 el acusado dejó de vivir con la víctima, pero esto no impidió que continuase acudiendo al domicilio de la mujer “con insistencia” hasta el 22 de mayo en el que se presentó la denuncia por parte de la mujer. Lo hacía con el ánimo de amedrentarla y “menoscabar el concepto que ella tenía de si misma” y la insultaba y amenazaba. “Un comportamiento agresivo y controlador”, según la Fiscalía, que generó en la mujer “un sentimiento de temor y miedo permanente”.
La situación, insisten, empeoró dos años antes de que se produjese la denuncia, así en el escrito de acusación se recoge que el acusado forzó a su esposa para mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad en dos ocasiones mientras la inmovilizaba, en una de las ocasiones, sujetándola fuertemente por el brazo y el cuello.
Ya incluso tras abandonar el domicilio, el acusado regresó varias veces y supuestamente llevó a cabo otro intento de violación.
La mujer cuenta con una orden de alejamiento del agresor dictada por el juzgado mientras se tramita este procedimiento en el que también se pide que no pueda volver a comunicarse o aproximarse a la víctima.
