Los desahucios volvieron a reactivarse con fuerza tras el estado de alarma, aunque el drama de las familias sin recursos que se quedan en la calle no llegó a desaparecer en ningún momento durante la pandemia. Así lo confirman los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a los desalojos que, como resultado del impago de la hipoteca o del alquiler, practicaron los juzgados en el tercer trimestre del 2020. Solo entre julio y septiembre, los lanzamientos (término judicial para referirse al desahucio) ascendieron en la provincia de Pontevedra hasta los 151, casi seis veces más que los practicados por los juzgados pontevedreses en el trimestre anterior.
Entonces, la paralización de los desahucios decretada durante el estado de alarma por en el Gobierno para personas vulnerables afectadas por Covid-19 junto a la propia bajada de actividad en los juzgados durante esos meses tuvieron su impacto en las estadísticas del segundo trimestre del año cuando, en plena primera oleada del coronavirus, 26 familias de la provincia se quedaron en la calle. Según los últimos datos del CGPJ, el ritmo de los lanzamientos en los juzgados de la provincia se sitúa ya en los niveles del 2019, cuando en el tercer trimestre se practicaron 158.
En total, en la comarca de Pontevedra se practicaron 62 lanzamientos en los nueve primeros meses del 2020, según los datos aportados a este periódico por parte del secretario coordinador provincial. Por partidos judiciales, en el que se concentraron la mayoría de los desahucios fue en el de Pontevedra, que agrupa a Cercedo-Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas y a la propia Boa Vila. Entre todos sus juzgados se practicaron 37 lanzamientos entre enero y septiembre de este año. Los juzgados de Caldas de Reis (que también atienden a Barro, Campo Lameiro, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga) sumaron 5, uno en el caso de Marín (partido al que también pertenece Bueu) y otros 19 en el partido judicial de Cambados (que agrupa también a Sanxenxo, O Grove, Meaño, Meis y Ribadumia).
A falta de conocer la estadística final del 2020, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra (PAH) temen que el incremento tras “la tregua” del estado de alarma sea mayor. “Lo tenemos súper claro, los desahucios que no hubo este año los habrá el que viene”, augura María Fernández, activista de la asociación. Solo en el partido judicial de Pontevedra suelen practicar anualmente entre 80 y 90 lanzamientos, En el 2019, la cifra para el conjunto de los partidos judiciales de la comarca fue de 176. “Si no se pone una solución, en el 2021 habrá los de este año y los del que viene”, lamenta Fernández.
Separadas y con hijos
Aunque tras la pandemia en la PAH de Pontevedra no ha acudido ningún afectado en busca de ayuda, la plataforma trabaja en la actualidad en 15 casos para evitar que familias de la zona se queden sin su hogar. “Son casos donde hay mucho dolor, perder tu vivienda habituale es traumático y se tarda entre un año y medio y dos en arreglar”, señala la activista.
Detrás de las cifras, en la mayoría de casos comenta que se encuentran mujeres separadas con hijos a su cargo. “En muchos casos el marido no cumple con sus obligaciones. Luego también tenemos familias (no monoparentales) de perfil económico bajo. Normalmente hay menores implicados”, explica.
Pese al acompañamiento y asesoramiento que realizan en la plataforma, Fernández lamenta que todavía son muchas las familias que se enfrentan a un desahucio y que, “por vergüenza”, no piden ayuda. Según las estadísticas de la PAH, a las plataformas solo llega un tercio de los casos de lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. “Normalmente los vecinos no conocen la situación de los afectados. Hacen las maletas y desaparecen diciendo que tienen otro trabajo. Venimos arrastrando una crisis y estamos entrando en otra por la pandemia, y aún así parece que da vergüenza no tener dinero cuando es causa ajena a uno”, lamenta María Fernández.
Aumentan un 64% las ejecuciones hipotecarias
En los juzgados de la provincia de Pontevedra las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del 2020, que llevarán consigo meses después el lanzamiento, aumentaron un 64,1% con respecto al mismo periodo del año 2019, 105 frente a las 64 de entonces. Se trata de un notable aumento también en comparación con los dos primeros trimestres del 2020, en los que se iniciaron 50 y 63 respectivamente. Con todo, el grueso de los desahucios practicados en Pontevedra proviene, hasta la fecha, de los impagos por el alquiler. Según la última estadística del CGPJ, de los 151 lanzamientos llevados a cabo en la provincia en el anterior trimestre, tan solo 30 fueron derivados de ejecuciones hipotecarias. Por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos se llevaron a cabo 116. Los restantes, 5, fueron derivados de otros motivos, según indica el informe.
