La polémica musealización del castro de A Subidá, en Marín, resonará tanto en las bancadas del Parlamento de Galicia en Santiago como en el Congreso de los Diputados en Madrid. Lo hará de la mano de dos iniciativas hechas públicas ayer mismo por el Bloque Nacionalista Galego y Unidas Podemos para que se vele por el cumplimiento de las leyes que protegen el patrimonio histórico y para que el yacimiento no sufra daños con este proyecto.
En el caso del BNG, el diputado autonómico Paulo Ríos registró una serie de preguntas ante la Cámara de O Hórreo pidiendo explicaciones a la dirección xeral de Patrimonio de la Xunta por las actuaciones que se están llevando a cabo en este castro, así como en los de Toiriz (Silleda) y Alobre (Vilagarcía).
Los nacionalistas dicen asistir con “estupor” al inicio de las obras en estos tres enclaves comprobando “la excavación de agujeros para instalar balizas, colocación de dados de hormigón para sentar mobiliario, piedra serrada a modo de bancos, enlosados y pavimentación muy próxima a los restos arqueológicos..., y por si esto no fuera poco, el ajardinamiento con plantas ornamentales que deturpan la naturaleza y esencia del enclave”. Para los nacionalistas, “una auténtica actuación agresiva y aberrante hacia un bien patrimonial de extraordinaria valía”.
Es por ello que el BNG exige en estas iniciativas que Patrimonio paralice las obras de “urbanización” del castro a la espera de acordar con el Ministerio de Transportes y la Diputación y proyecto que garantice la conservación de los valores del yacimiento.
La otra iniciativa llega de la mano del diputado de Unidas Podemos y portavoz del grupo de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados en Madrid, Antón Gómez Reino. Solicita al Ministerio de Transportes que vigile las obras de restauración y musealización que se están realizando en estos tres castros y que inste a Patrimonio de la Xunta, “si es preciso, a sancionar a la empresa adjudicataria de las actuaciones”.
Reino se suma a la preocupación expresada por distintos colectivos culturales por la ejecución de las obras y señala que “creemos que se deben tomar medidas para que la empresa adjudicataria cumpla con la legislación y restaure el patrimonio respetando nuestra cultura, dignidad e identidad”.
