El Concello avanza en la tramitación del nuevo contrato de la basura, para lo que pondrá en marcha un nuevo período de consultas para crear la nueva ordenanza reguladora. Se trata del contrato más importante del ayuntamiento en el actual mandato, que en estos momentos se encuentra en fase de estudio económico y de explotación técnica del servicio. El actual contrato asciende a 8 millones de euros, de los que 2 se corresponden con el tratamiento de Sogama.
La nueva empresa que resulte concesionaria del servicio se hará cargo además de la planta de compostaje que el gobierno local prevé crear en los montes de A Canicouva, con cuya comunidad de montes el Concello de Pontevedra firmó un convenio hace cinco años.
El concejal responsable de Residuos, Raimundo González Carballo, estima que el próximo marzo la licitación del contrato tendría que estar en marcha, si no surgen contratiempos en esta tramitación.
Participación ciudadana
Mientras tanto, la próxima semana comenzará formalmente la tramitación del nuevo contrato. Raimundo González precisó que se trata ahora de abrir el período legal de participación ciudadana para la elaboración del futuro reglamento (ordenanza) para la limpieza de los espacios públicos y gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU).
En esta nueva normativa se regulará la recogida de los RSU: tipo de residuos que se recogerán; determinará qué hacer con los que no son domiciliarios; los tipos de contenedores; de recogida; las líneas de actuación en la reducción, reutilización y reciclaje; la creación del centro ambiental (actual servicio de “punto limpio”); la recogida de la materia orgánica; la separación de los plásticos y envases; la limpieza de los espacios públicos; la gestión de la limpieza pública cuando existen actividades en el espacio público, etc. El nuevo “punto limpio” se crearía en un lugar accesible para la mayor parte de la población, que aún está sin determinar.
A través de la página web municipal Pontevedra.gal, el Concello abrirá la consulta ciudadana para que los vecinos hagan las sugerencias que consideren pertinentes para determinar el funcionamiento del nuevo servicio.
Estará publicada a partir de la semana que viene (el martes o miércoles) y tendrá un período de recepción de opiniones de un mes.
Raimundo González indicó que esta participación ciudadana que ahora se solicita para la elaboración del reglamento, es distinta a la que estaba abierta hasta ahora y que formó parte de una ronda de reuniones y encuentros con asociaciones de vecinos, sindicatos, empresariales, ecologistas y otros colectivos, que pretendía conocer las expectativas que tienen los pontevedreses sobre el futuro contrato de la basura.
400 aportaciones
De las más de 400 aportaciones recibidas, más del 11% solicitaban que se ampliara el sistema de compostaje (tanto individual como colectivo), y siguiendo esta línea que se implantara el tratamiento de biorresiduos (3,9%), o que se primara el reciclaje y el compostaje (6,49%).
La gran mayoría de las sugerencias van dirigidas a mejorar e incrementar el compostaje y el reciclaje, lo que muestra el “gran compromiso ambiental de los vecinos”, según el concejal.
También explicó Raimundo González que la actuación del Concello, además de atender a esta preocupación ambiental, también debe atender a cuestiones de carácter económico. De este modo, hizo referencia a la Ley de residuos en tramitación por parte del Ministerio de Transición ecológica, que penalizará las escombreras y la basura que se incinera.
En el caso de la incineración, se penalizará con el pago de 20 euros por tonelada, cuantías que pueden bajar a los 10 euros por tonelada en el caso de incrementar el tratamiento de la basura. Por lo tanto, todo lo que se incinere “va a tener uno sobrecoste”. Pero este nunca se repercutirá en la factura a los vecinos de Pontevedra, según aclaró el concejal, quien avanzó que el gobierno local no tiene intención de subir el precio del recibo a los ciudadanos.
