La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, y los diputados nacionales y senadora por Pontevedra, María Ramallo, Javier Bas y Pilar Rojo, se reunieron con representantes de la educación concertada y especial de la ciudad, para exponer su posicionamiento en materia de enseñanza, y defender la libertad de los padres para elegir el centro de enseñanza que prefieran para sus hijos. En esta línea, recuerdan que “la libertad no es un privilegio, es un derecho y los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, sin que otros decidan por ellos”.
Los populares critican que el Gobierno aprobara la pasada semana, “por la mínima, una ley educativa que ningunea a las comunidades autónomas, ya que pese a que son las que gestionan la educación no se les presentó y no se intentó consensuar con ellas”, y que se use la enseñanza “como moneda de cambio para aprobar los presupuestos generales del estado”.
Ana Pastor denunció que la ley “se aprobó una reforma educativa de espaldas a la comunidad educativa, y sin consenso de los partidos, que afecta a los pilares de la vertebración, calidad y equidad del sistema educativo para suplir la falta de previsión y liderazgo del Ministerio de Educación”.
Asimismo, señalaron que “es una ley retrógada, porque disminuye la libertad de los padres y pretenden imponer un único tipo de enseñanza, dejando sin elección a las familias más humildes”.
En esta línea dicen que es fundamental respetar la libertad de la familia para decidir a que colegio quiere que vayan sus hijos independientemente de su renta. Desde el PP, recuerdan que “defendemos el consenso y la libertad, y una ley que otorga a las administraciones la capacidad de escolarizar alumnos en centros contra la voluntad de sus padres bajo la excusa del equilibro no es buena”.
Igualdad de oportunidades
Pero además, Pastor subraya que esta nueva ley “merma la calidad educativa, la equidad y la igualdad de oportunidades, renunciando al refuerzo del alumnado que precisa de un impulso, y pretende crear una confrontación en el ámbito de la lengua, un problema que en Galicia no existe”.
Por último, explican que el PP presentó 156 enmiendas a esta ley, entre las que destacan la libertad de elección de las familias, un MIR para el profesorado, defensa de la educación especial, refuerzo del Alta Inspección Educativa, evaluación nacional de conocimientos pública, una EBAU pública igual en toda España y la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años.
También plantean los diputados populares que el español sea lengua vehicular en toda España, lo que permitirá que donde haya lenguas cooficiales pueda haber trilingüismo (inglés, español y gallego, en el caso de Galicia).
