La Fiscalía mantuvo la petición de penas para el expresidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán y para la exalcaldesa de Moraña y actual delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, el primero acusado de fraude y prevaricación y la segunda de cooperadora necesaria, por unas obras en el campo de fútbol de Moraña. Al finalizar la segunda sesión de este juicio, el fiscal pidió tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Louzán, Piñeiro y Manuel G.J., director de Infraestructuras de la Diputación en el momento de los hechos, por prevaricación y fraude, aunque los dos últimos solo en calidad de cooperadores necesarios.
En el banquillo se sentaron cinco acusados más, responsables de las empresas que intervinieron en unas primeras obras y unas supuestas mejoras sobre el primer proyecto, para los que la petición de pena oscila entre los dos y tres años de cárcel, y los tres y cuatro años de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas.
Al margen de mantener la petición de condena, el fiscal modificó tres cuestiones de su escrito de acusación. Se refieren a matizar que el pago de dichas mejoras, por un importe de 86.000 euros, se realizó a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito; el añadido de que consta la existencia de contrato entre la Diputación y una empresa constructora; y solicita además el decomiso de la cantidad entregada a la constructora.
En esta segunda sesión del juicio, celebrada ayer, testificaron dos agentes de Policía que acudieron al campo de fútbol a petición de la Fiscalía, para comprobar que las supuestas mejoras que se pagaron con una ampliación del presupuesto inicial ya estaban hechas cuando supuestamente se propusieron a través de un nuevo contrato.
Las defensas de los ocho acusados trataron de desacreditar el testimonio de los agentes de Policía preguntándoles sobre sus conocimientos de planimetría y de construcción para interpretar lo que estaba hecho y lo que no. Uno de los funcionarios aseveró que en la visita al campo de fútbol se pudo comprobar “claramente” que “un casetón delantero ya estaba ejecutado” antes de que supuestamente se contratase la obra.
La mejora de un muro de cierre y un “alero” del mismo y su fecha de construcción también es crucial para determinar si dichas mejoras sobre el proyecto inicial ya estaban hechas o no antes de ser contratadas.
A los responsables de tres empresas constructoras que habitualmente realizan proyectos para la administración pública se les acusa también de pactar las condiciones con las que se presentaron a la adjudicación para amañar las licitaciones. Cuestiones que tendrán que ser dirimidas por la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, dentro de esta pieza separada de la Operación Patos, en la que hasta ahora todas sus causas principales han quedado en nada.
