“No hubo ningún perjuicio para la administración” y “tras más de siete años esto es un proceso que va quedar en nada. Todo se hizo con luz y taquígrafos”, afirmó el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, antes de entrar a la sala del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, que ayer acogió el juicio de una pieza separada de la Operación Patos. Se acusa al actual presidente de la Federación Galega de Fútbol de un supuesto delito de prevaricación y otro de fraude, por una ampliación de proyecto y de presupuesto para el campo de fútbol O Buelo de Moraña; y a la exalcaldesa de este municipio y actual delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, de cooperadora necesaria en las supuestas irregularidades en la contratación de las obras.

Rafael Louzán se acogió a su derecho a no declarar a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas del resto de acusados en este proceso. Únicamente estaba dispuesto a responder a su abogado, que no tenía preguntas.

En todo caso, tanto antes de entrar en la sala como a su salida se mostró confiado en el resultado del proceso y recordó que aunque pudiese parecer que ya ha pasado por el banquillo de los acusados en otras ocasiones “realmente es la primera vez que estoy en un juicio”. Hasta ahora todas las causas principales de la Operación Patos han quedado en nada.

Louzán manifestó antes de entrar en la sala su “absoluta confianza y tranquilidad” en este proceso: “De los 60 investigados, más de 50 ya están fuera de esto”, recordó el expresidente provincial.

Similares fueron las palabras de Luisa Piñeiro al llegar a la sede judicial. La delegada de la Xunta en Pontevedra aseguró que se enfrenta a la causa “con mucha tranquilidad” y con “confianza en la justicia” y explicó que lo que se juzga son unas “obras de mejora” en el campo de fútbol” y que “todo lo que está pagado está hecho”.

Además de Louzán y Piñeiro se sientan en el banquillo otras seis personas: el administrador de la empresa Eiriña Construcciones, adjudicataria de las obras; el director general de esta empresa; el entonces director de Infraestructuras de la Diputación; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés y un arquitecto.

Ocho acusados

Los ocho están acusados del delito de fraude y además Louzán se enfrenta a un supuesto delito de prevaricación. Como cooperadores necesarios de esta supuesta prevaricación el fiscal acusa a Luisa Piñeiro y a otros cinco acusados más.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en diciembre de 2011 la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Concello de Moraña para remodelar el campo de fútbol de O Buelo mediante una subvención discrecional del presidente Louzán. La obra fue adjudicada a la constructora Eiriña y tuvo un sobrecoste de 86.000 euros relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación. Según la Fiscalía, los acusados “idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”.

La Fiscalía solicitó inicialmente penas para Louzán y otros dos acusados de tres años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en las administraciones públicas.

Las penas solicitadas para los otros acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel, además de la inhabilitación en relación con las ayudas públicas y beneficios fiscales.

Los acusados basaron la defensa en que las segundas obras contratadas fueron una mejora necesaria sobre el proyecto inicial, que además observaron la legalidad relativa al procedimiento de contratación de obra pública en todo momento.

En la vista se reprodujeron grabaciones de conversaciones telefónicas entre representantes de estas empresas, que tendrían como propósito demostrar que hubo acuerdos para pactar las condiciones con las que optar a los contratos de las obras, si bien los acusados alegaron que se trata de conversaciones normales entre colegas del sector y negaron que hubiese acuerdo alguno.

En su declaración, la exalcaldesa de Moraña aseguró que el Concello no contrató ni auditó las obras contratadas como mejoras a la primera, sino que se limitó a trasladar a la Diputación Provincial las deficiencias observadas en la intervención en el campo de fútbol, al margen de proporcionar agua y electricidad a la obra. Piñeiro reiteró que “todas las partidas del proyecto de mejora fueron ejecutadas”. También negó que le reclamasen el pago de nuevas partidas, o cerrar otros contratos para “compensar” pérdidas en esta obra.

Un expediente presentado y aprobado en solo dos días

Al iniciarse el juicio, las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, o del proceso en su integridad por vulnerar los plazos de instrucción, así como falta de competencia territorial por proceder una de las piezas de la causa de un juzgado de Vigo. El abogado de Luisa Piñeiro esgrimió que la acusación de fraude había prescrito en el momento de la imputación. También se opusieron a la presencia de dos fiscales, que se turnaron en los interrogatorios. El fiscal Augusto Santaló hizo hincapié en su interrogatorio en que el expediente de ampliación de presupuesto y de proyecto se presentó y se aprobó en solo dos días. Una técnica de la Diputación, encargada de los expedientes de subvenciones, apuntó que en algunos casos estas concesiones eran de libre disposición del presidente y que “los expedientes podía tardar una semana como dos días”. “Máximo respeto y confianza en la labor de la justicia; la última palabra la tiene la jueza”, manifestó Louzán al concluir la sesión.