El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra acoge este viernes el juicio al presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, y a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. A él por un supuesto delito de prevaricación y otro de fraude y ella como cooperadora necesaria en relación a unas supuestas irregularidades en las obras del campo de fútbol de hierba artificial de O Buelo en el año 2011, cuando Louzán era el presidente de la Diputación de Pontevedra y Piñeiro la alcaldesa de Moraña.
Rafael Louzán declaró antes de entrar en la sala su “absoluta confianza y tranquilidad” en el proceso: “Todo el mundo sabe que esto se incluye en una macro operación, la Patos, que de los 60 investigados, más de 50 ya están fuera de esto”.
El expresidente de la Diputación aseguró que en lo que se juzga “no hubo ningún perjuicio para la administración” y que “tras más de siete años esto es un proceso que va quedar en nada. Todo se hizo con luz y taquígrafos”, aseveró. Sin embardo, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez. Únicamente estaba dispuesto a contestar a su abogado, que no tenía preguntas.
Similares fueron las palabras de Luisa Piñeiro a su llegada a la sede judicial. La delegada de la Xunta en Pontevedra aseguró que se enfrenta a la causa “con mucha tranquilidad” y con “confianza en la justicia” y explicó que lo que se juzga son unas “obras de mejora” en el campo de fútbol” y que “todo lo que está pagado está hecho”.
La causa es una pieza separada de la Operación Patos. Además de Louzán y Piñeiro se sientan en el banquillo de los acusados otras seis personas: el administrador de Eiriña Construcciones, adjudicataria de las obras; el director general de esta empresa; el entonces director de infraestructuras de la Diputación; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés y un arquitecto.
Los ocho están acusados del delito de fraude y además Rafael Louzán se enfrenta a un supuesto delito de prevaricación y como cooperadores necesarios de esta supuesta prevaricación el fiscal acusa a Luisa Piñeiro y a otros cinco acusados más.
En cuanto a la petición de penas, Fiscalía solicita que Louzán y otros dos sean condenados a tres años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con cualquier cargo en las administraciones públicas.
Las penas solicitadas para los otros acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel, además de la inhabilitación en relación con las ayudas públicas y beneficios fiscales.
En la vista se reprodujeron grabaciones de conversaciones telefónicas entre representantes de estas empresas, que tendrían como propósito demostrar que hubo acuerdos para pactar las condiciones con las que que optar a los contratos de las obras, si bien los acusados alegaron en el juicio que se trata de conversaciones normales entre colegas del sector y negaron que hubiese acuerdo alguno.
En su declaración, la exalcaldesa de Moraña aseguró que el Concello no contrató ni auditó las obras contratadas como mejoras a la primera, sino que se limitó a trasladar a la Diputación Provincial las deficiencias observadas en la intervención en el campo de fútbol, al margen de proporcionar agua y electricidad a la obra. Piñeiro reiteró que "todas las partidas del proyecto de mejora fueron ejecutadas". También negó que le reclamasen el pago de nuevas partidas, o cerrar otros contratos para "compensar" pérdidas en esta obra.
Sobrecoste en la reforma de un campo de fútbol en Moraña
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en diciembre de 2011 la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Moraña para remodelar el campo de fútbol de O Buelo mediante una subvención discrecional del presidente Louzán.
La obra fue adjudicada a la constructora Eiriña y tuvo un sobrecoste de 86.000 euros relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación. Según la Fiscalía, los acusados "idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado".
Al iniciarse la vista, las defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas, o del proceso en su integridad por vulnerar los plazos de instrucción, así como falta de competencia territorial por proceder una de las piezas de la causa de un juzgado de Vigo. El abogado de Luisa Piñeiro esgrimió que la acusación de fraude había prescrito en el momento de la imputación. También se opusieron a la presencia de dos fiscales, que se turnan en los interrogatorios.
"Máximo respeto y confianza en la labor de la justicia; la última palabra la tiene la jueza", manifestó Rafael Louzán al concluir la sesión de la mañana.
