El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la actual delegada territorial de la Xunta, Luisa Piñeiro, están citados por el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra, acusados de fraude y prevaricación por presuntas irregularidades en las obras de un campo de fútbol. El juicio será mañana en A Parda.
Esta causa es una pieza separada de la conocida como Operación Patos, y además de Louzán y Piñeiro, que en el momento de los hechos era alcaldesa de Moraña, se sentarán en el banquillo otras seis personas, entre ellos el responsable de la empresa Eiriña, adjudicataria de las obras, varios empresarios o el entonces director de infraestructuras de la Diputación. Hasta ahora todas las causas de la Patos han quedado en nada.
El fiscal pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Rafael Louzán, Luisa Piñeiro y Manuel G.J., el director de infraestructuras, por prevaricación y fraude, aunque los dos últimos solo en calidad de cooperadores necesarios en el caso de la prevaricación.
Las penas solicitadas para los otros cinco acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel y los tres y cuatro años de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas.
En el escrito de acusación, el fiscal fija el inicio de esta actuación irregular en diciembre de 2011, cuando la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Concello de Moraña. Tenía como objeto remodelar el campo de fútbol de este municipio y suponía una aportación de casi un millón de euros por parte del gobierno provincial, dinero al que había que sumar otros 21.000 euros para la redacción del proyecto.
La actuación se financió mediante una subvención discrecional de Louzán, entonces presidente de la Diputación, y fue adjudicado a la constructora Eiriña.
Dos años después, la Diputación aprobó modificar el proyecto para, según asegura el fiscal, abonar unos 86.000 euros a la constructora por un sobrecoste relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación. Según el fiscal, ante la negativa de los técnicos de la Diputación de abonar ese incremento, los acusados “idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado”.
