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Faro de Vigo

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Los comerciantes piden la exención de todas las tasas y el aplazamiento de créditos a los hosteleros

Convocados por Hoempo, los bares y cafeterías de la ciudad celebrarán esta mañana una cacerolada

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Terrazas vacías en Pontevedra en los días previos al cierre de la hostelería Gustavo Santos

La Federación de Comercio de Pontevedra, que agrupa a 25 asociaciones de la provincia, se ha solidarizado con peticiones planteadas por la Federación de Hostelería de Pontevedra en las últimas horas y demanda la exención de “todas las tasas municipales” (señala especialmente a las de basuras, vados, IBI etc) a fin de ayudar a los pequeños empresarios.

Entre las medidas económicas que sugiere la Federación de Comercio figura también el “aplazamiento de los créditos ICO y de intereses vinculados a los mismos, incrementando los plazos de amortización o devolución” de esos préstamos. Su otra propuesta es el aumento “de los plazos de impuestos y la condonación de los intereses demora de los aplazamientos tanto de Hacienda como Seguridad Social”.

Los comerciantes piden “el apoyo inmediato y total de las Concejalías de Comercio, Turismo e Industria de cada concello de la provincia de Pontevedra así como de todos y cada uno de sus alcaldes para que de una forma decidida apuesten de una vez por todas por el comercio local y de proximidad que son el pulmón económico de la actividad empresarial de la provincia”.

La asociación Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo) celebrará este mediodía una cacerolada, con la que denunciarán lo que consideran “un nivel inadmisible de improvisación” en la gestión de la crisis sanitaria. También consideran “increíblemente incoherente que no pueda acudir a tomar un café o a comer, pero si que pueda ir a un centro comercial, a un partido de fútbol, o a misa. El argumento de “la hostelería no contagia, es el virus”, pero te cierro, y dejo lo demás abierto, es contradictorio a un nivel imposible de comparar”.

La cacerolada dará comienzo al as 12.30 horas y también busca denunciar la “criminalización” del sector a pesar de que el informe del Ministerio de Sanidad del pasado octubre concluye que estos establecimientos no constituyen el principal foco de contagios en esta segunda ola.

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