Para el primero, quien se situaba sin duda en “el último escalón” de la organización criminal –a juicio del fiscal antidroga Pablo Varela,–, el Ministerio Público pasa a solicitar una pena de 8 años de cárcel, frente a los 10 que reclamaba inicialmente. Para Rubén P. R., la petición de condena pasa a ser ahora de 9 años de prisión.
Reducciones mínimas al entender la Fiscalía que el reconocimiento de los hechos que realizaron ante el tribunal no encaja dentro de la atenuante de confesión, como piden las defensas, dado que poco o nada más aportaron a la causa de lo que ya había demostrado la investigación.
Además, ninguno de ellos aportó tampoco dato alguno que permitiera demostrar la participación en los hechos del tercer acusado, Leonardo C. C., vecino de Valga, de quien el fiscal considera que era el coordinador del alijo. Para él mantiene la petición de pena más elevada, de 13 años y seis meses de prisión.
Considera probada la participación de Leonardo C. C. en esta operación de introducción de droga. Asegura que era él la persona que mantenía contacto telefónico con el polizón a bordo del buque que viajaba hacia Marín y explica que en su domicilio se halló documentación en las que estaban anotadas exactamente las mismas coordenadas que señalaban un punto en medio de la ría en las que el polizón debía arrojar la droga al mar. Su abogado, no obstante, pide la libre absolución.
Los letrados de los otros dos acusados piden una condena de cuatro años en el caso de Harbey C. P. y de cinco años en el de Rubén P. R.
