La Corporación de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer, con la mayoría de los votos de los dos grupos del gobierno bipartito (PSOE y BNG), un acuerdo plenario en el que reclama a la Xunta que pague la “factura” que están abonando los ayuntamientos de la provincia por los gastos extra derivados de la pandemia de la Covid-19 y por el ejercicio de competencias “impropias”. Una factura que, según el gobierno provincial, se iba incrementando año tras año pero que se disparó con motivo de la pandemia.

El acuerdo plenario reclama la creación de una partida específica en los Presupuestos Autonómicos de 2021 o bien con el incremento del Fondo de Compensación Local básico por un importe equivalente.

El acuerdo destaca que la situación ha llegado ya “a un punto insostenible con los concellos cada vez más ahogados por atender a los servicios que corresponden a la administración autonómica” y reclama un proceso negociador con el municipalismo gallego, a través de la Fegamp, para alcanzar el necesario pacto local en materia de competencias y su financiación.

El diputado socialista Carlos López Font afirmó que es “inasumible” que los concellos sigan cargando con costes desproporcionados y que no les corresponden. “La Xunta no puede simplemente usar a los concellos para lo que le interesa, trasladándole responsabilidades sobre servicios autonómico sin transferir ni un solo euro”. “Esta moción no es una simple reclamación de los partidos de Gobierno de la Diputación, sino un clamor de todos los alcaldes y alcadesas de la provincia, de sentido común y sin colores políticos”.

El vicepresidente de la institución, César Mosquera (BNG), señaló que la Xunta “le está sisando directamente a los concellos, es imposible defender lo que están haciendo”. Insiste en que la Diputación asume más de 20 millones anuales en competencias impropias, dinero que podría ir a los ayuntamientos. Para Mosquera, el gobierno gallego quiere a los ayuntamientos de “pagafantas” y la situación se agravó ahora con la pandemia con gastos como desinfección extra de los colegios, de los parques, apoyar a las familias con menos recursos y otras medidas de protección social o ayuda a las pequeñas empresas y autónomos.

Desde el PP, su portavoz, Jorge Cubela, lamentó por su parte que tanto PSOE como BNG rechazasen una moción presentada por los populares para reclamar al Gobierno central los 8,1 millones “que le debe a la Diputación del IVA de 2017” y que “serían fundamentales para hacer frente a la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia”.

Cubela lamentó que no se aprobase por unanimidad una moción que reclama “dinero que es de todos los pontevedreses y que debería estar en la provincia y en sus concellos”.

Para el portavoz popular, en la Diputación y en su gobierno bipartito “priman los intereses políticos y partidistas en detrimento de la provincia” al cuestionar que “por una parte se estén reclamando fondos al Gobierno gallego mientras se renuncia a que el Gobierno central devuelva a la Diputación y a los concellos el dinero que les debe”.

Además, lamentó la falta de voluntad política del bipartito al rechazar una enmienda del PP a la moción sobre los gastos en competencias impropias y se preguntó cuando va a asumir el ente provincial las competencias como las de materia de incendios en los concellos de menos de 20.000 habitantes las emergencias o los gastos en servicios sociales.