El repentino cierre el pasado 12 de febrero de la cadena de panaderías Del Río en Pontevedra, que contaba con tres despachos y el horno en Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y en A Barca (Poio), pilló totalmente por sorpresa a clientes y trabajadores. Estos últimos (unos 14 en plantilla) han pasado y todavía están pasando un auténtico suplicio para poder retomar su vida tras el cierre efectivo de su empresa, dado que nunca habían sido despedidos en la práctica, por lo que, pese al cese de la actividad, continuaban vinculados laboralmente a la empresa desde febrero.
Eso sí, seguían dados de alta pero sin cobrar un euro de la empresa y sin la posibilidad de tramitar el paro, lo que los deja en una difícil situación económica. Además, al estar todavía dados de alta con esta firma, tampoco podían buscar otra salida laboral mientras no resolvieran su situación. A esto hay que sumar que los trabajadores ya arrastraban dos meses sin cobrar en el momento en el que las tiendas echaron el cierre sin previo aviso.
En definitiva, que desde el pasado febrero estos trabajadores se han visto atrapados en un auténtico despropósito que les llevó a una situación de angustia e incertidumbre. Ni podían tramitar los subsidios del paro ni tampoco trabajar. Estaban dados de alta en una empresa que no tenía actividad. Y así hasta ayer mismo.
Finalmente, estos 14 trabajadores han logrado por fin desvincularse de esta empresa. El cierre de las panaderías Del Río y el cese de la actividad en la empresa había derivado en dos procesos judiciales en distintas salas de la ciudad. Por un lado, ante los juzgados de lo Social, con las denuncias interpuestas por la plantilla y que, a pesar de que se presentaron rápidamente, no han sido abordadas hasta ahora. Entre otras cuestiones, reclamaban el pago de las cantidades pendientes pero, especialmente, que se declarase la extinción de la relación laboral con la empresa.
En segundo lugar, se abrió otro proceso ante el juzgado de lo Mercantil al entrar la empresa en concurso de acreedores.
Ayer mismo estaba señalado un juicio en una sala de lo Social de Pontevedra que tenía como objetivo, precisamente, declarar la extinción de la relación laboral de estos trabajadores con la empresa. El juicio no llegó a celebrarse dado que, curiosamente, se tuvo conocimiento de que el juzgado de lo Mercantil dictó esta extinción de la relación laboral por parte de la plantilla, por lo que la vista en el juzgado de lo Social ya no tenía sentido.
La representación legal de varios de los trabajadores de Del Río explicaba ayer que esta decisión hará efectiva en cuestión de días la desvinculación laboral de estas personas con la citada empresa y, por fin, podrán comenzar a tramitar los subsidios de desempleo y a buscar otras salidas laborales.
En otras palabras, después de nueve meses en una situación delicada, comienzan a ver la luz al final del túnel.
“Batalla” en el Mercantil
Con todo, la factura que deja a estos trabajadores todos estos meses sin poder trabajar es muy alta. Sus representantes legales explican que muy probablemente, las nóminas que se les adeudan (los dos meses que les debían más los nueve que llevan dados de alta sin poder trabajar ni cobrar el paro) tendrán que cobrarlos del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, por lo que muy probablemente solo podrán percibir un máximo de cuatro meses.
Además, probablemente, ahora también tendrán que pelear en la jurisdicción del Mercantil por las cantidades que se les adeudan en función de su categoría y por las que hay ciertas discrepancias. Los trabajadores están personados como acreedores ya desde el inicio del concurso de esta empresa.
