El concejal del Partido Popular de Pontevedra Pablo Fernández ha avanzado este viernes el voto en contra de la formación a la que pertenece a la nueva Ordenanza de movilidad. Fernández ha definido la nueva norma, que se debatirá en el próximo Pleno, como "extemporánea e insuficiente": "Tenemos una norma obsoleta y de poca utilidad, según el propio Concello, de ahí que se quiera actualizar. En cambio, tenemos un PXOM de la misma fecha al que le podemos adjetivar las mismas cualidades; y como norma de rango superior su renovación debería ser una prioridad en la agenda del Concello".

"Defendemos las distintas sensibilidades sociales, y no podemos apoyar un texto que de base discrimina a las personas con diferentes discapacidades. No podemos defender la limitación a 24 horas de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y proponemos las tarjetas temporales para personas con enfermedades raras, como el Crohn", ha señalado Fernández. En esta línea, el concejal ha destacado la "falta de directrices para la movilidad de personas con deficiencias visuales": "Cabe destacar la falta de regulación de los semáforos con señalización acústica o de indicaciones para el la colocación de pavimento homologado".

En esta línea, Fernández ha catalogado la norma como "contaminante", al no existir en el documento "promoción alguna del transporte colectivo, del fomento de la bicicleta o de la promoción del vehículo eléctrico". "Se iguala la bicicleta al coche, lo que provoca la expulsión de los ciclos de la ciudad. No se trata la creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, ni exenciones fiscales para los propietarios de los mismos; políticas verdes que el Concello no apoya".

"Es decepcionante la actitud del Concello, teniendo además en cuenta la actitud colaborativa que hemos tenido desde el Partido Popular: hemos presentado alegaciones y nos hemos reunido con todos los colectivos afectados. El Concello no ha tenido en cuenta prácticamente ninguna de sus alegaciones", ha mantenido Fernández. El popular ha incidido en el carácter "dictatorial de la norma": "Los colectivos afectados rechazan unánimemente la norma y el Concello sigue emperrado en sacar adelante un documento que nace muerto, ya que el propio alcalde ha reconocido que tendrá que modificarse después de su aprobación".