El Pleno de la Corporación celebrado el jueves aprobó la adhesión del Concello al Fondo de Financiación de Entidades Locales, una solicitud que lleva implícita la necesidad de realizar un Plan de Ajuste, que también fue aprobado.

La solicitud para adherirse al Plan se planteó por parte del gobierno local, como ya fue expuesto en diversas comisiones informativas a los grupos de la oposición, para asumir el pago a Urbaser, la antigua empresa concesionaria del servicio de recogida de la basura, de las revisiones de los precios del contrato, una cantidad que estaba siendo derimida por parte de los servicios jurídicos y que ahora fue sentenciada de manera firme, con una deuda de 2,3 millones.

Esta aprobación salió adelante con los votos favorables del PP y del PSOE. Por su parte, el BNG votó en contra, "una postura que sorprende al gobierno local, ya que hablamos de un expediente que tiene su origen hace 15 años".

Desde el gobierno local no tienen claro se la petición de dimisión del concejal Manuel Santos y la depuración de otras responsabilidades políticas por parte del BNG es una cuestión de "ignorancia o de dejadez" y le piden a los nacionalistas que decidan se quiere ser "una formación política responsable o no".

Las argumentaciones del BNG, según el grupo de gobierno del PP, "faltan a la verdad y dejan entrever un escaso análisis de los hechos relativos la este procedimiento judicial".

Gestión

Dice el equipo de María Ramallo que "el BNG acusa al gobierno local de mala gestión. Mas, el actual gobierno local apenas lleva gestionado los últimos 5 años de esta problemática contractual. Los 10 años anteriores era el propio BNG el responsable del área de gobierno que gestionaba las negociaciones con la empresa Urbaser. Destacar que fue la formación nacionalista a que privatizó este servicio en la villa en el año 2001".

Subraya que "cuando entramos a gobernar en 2011, ya le tocó pagar a la empresa las actualizaciones relativas a los ejercicios que van del 2004 al 2007, en los que gobernaba el BNG en este área".

Asimismo, indica que "el BNG afirma que desde que el actual gobierno local asumió las negociaciones con Urbaser la empresa salió beneficiada. Una afirmación falsa, ya que en el 2015 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptó un recurso presentado por el Concello, que junto con otros argumentos esgrimidos por los equipos técnicos municipales llevaron a continuar con el procedimiento judicial.

El gobierno marinense dice no entender tampoco a que se refiere el BNG cuando habla de pésima gestión. "Los números están claros. Aunque en esta última sentencia se obliga al Ayuntamiento a pagar estas actualizaciones a Urbaser, se consiguió en favor del Concelo reducir lo que pedía la empresa en medio millón de euros".

Añade que en el 2017 se celebró una junta de portavoces, con representantes en aquel momento de los partidos políticos de la Corporación (PP, PSOE, BNG y Marea Marín), en la que todas las formaciones, con los informes técnicos municipales disponibles, decidieron continuar con la reclamación a la empresa de estos costes.