La Asociación Pola Defensa da Ría se felicita porque "la empresa Ence y sus comités de empresa sufren un nuevo revés en los tribunales; en esta ocasión se trata de la no aceptación a trámite por la Sala Primera de la Audiencia Nacional de un escrito presentado por la empresa el pasado día 4 de junio." La pretensión de la pastera, añaden los ecologistas, era hacer valer delante de la Audiencia Nacional dos hechos que, según ENCE, eran de "singular trascendencia" para la resolución del procedimiento que se sigue contra la concesión de la prórroga a la fábrica de Lourizán.

Se trata de la inminente aprobación por el gobierno del Estado del Proyecto de Ley de "Cambio climático y transición energética" y la consideración como "actividad esencial" durante la pandemia del Covid-19 de la industria de la celulosa, dos argumentos que la empresa considera que guardan estrecha relación con los motivos de impugnación esgrimidos por los ecologistas y por la Abogacía del Estado para cuestionar la legalidad de la mentada prórroga. Muy al contrario, en la APDR los consideran "absolutamente intrascendentes", señalan sus portavoces.

Estos añaden que la resolución de la Audiencia Nacional que desestima el escrito de Ence al considerar que no se trata de hechos nuevos "de relevancia para la decisión del pleito", viene "a reforzar nuestra posición al respeto", aseguran.

El colectivo que preside Antón Masa añade que Ence "pretendía demostrar que la Administración del Estado, al elaborar este nuevo Proyecto de Ley, perseguía, única y exclusivamente, fijar en la legislación un nuevo criterio a la hora de interpretar los plazos de las concesiones y las prórrogas para justificar (o amparar legalmente) la decisión de achantarse frente a nuestro recurso, una decisión basada en un minucioso y documentado informe de la Abogacía del Estado, que defiende que existe un límite máximo de 75 años de duración, incluidas las prórrogas, para las concesiones ... Hasta se atreven a decir que este criterio seguido por la Abogacía del Estado, no se ajusta a la legalidad y, por tanto, es una interpretación arbitraria de la Ley".