Ante esta situación que denuncian tanto proveedores como el sindicato CIG, desde la central nacionalista entienden que la Fiscalía debe actuar de oficio para "depurar responsabilidades" ya que "va a ser el Estado el que asuma el coste de los despidos después de que el empresario marchase con el dinero a Panamá".

A esto hay que sumar el "estropicio" creado a los proveedores que quedaron con grandes impagos y también el daño causado a los Concellos que han quedado con las obras que ejecutaba Nexia colgadas, muchos de ellos en la comarca y en la provincia de Pontevedra. Señaló algunas obras en Poio, por ejemplo, que han quedado varadas, así como también en Vilagarcía u O Morrazo.

En este sentido, Agulla desveló que él mismo tiene conocimiento que algunos proveedores ya se han puesto en contacto con la Fiscalía de Pontevedra para exponer la situación en la que se encuentran. Aunque fueron recibidos, según el sindicalista, la Fiscalía les animó a interponer denuncia. Para la CIG debería ser la propia Fiscalía quien actuase de oficio.

Por otra parte, uno de los primeros movimientos de la Plataforma de Afectados que aglutina a los proveedores de Nexia y que ha sido auspiciada por la Asociación Gallega de Constructores será la celebración el próximo jueves de una asamblea constitutiva en el lugar de A Ferreira en Lérez para ponerse en marcha y reclamar el pago de las cantidades adeudadas.