La Audiencia de Pontevedra vuelve a juzgar al ciudadano portugués acusado de intentar asesinar a su mujer en un hotel de Vigo en mayo de 2016, tras ser anulado el anterior juicio. Carlos I.P. fue juzgado por la sección cuarta de esta Audiencia Provincial en marzo de 2019 y el tribunal lo condenó a 11 años y 4 meses de prisión por una tentativa de asesinato, con las agravantes de alevosía y parentesco.

Su defensa recurrió la condena y cuestionó la imparcialidad del tribunal, ya que las magistradas habían ratificado hasta en dos ocasiones su situación de prisión provisional. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó el recurso y anuló la condena, al tiempo que ordenaba repetir el juicio.

El nuevo juicio comenzó este martes con la declaración del acusado y la supuesta víctima, que se contradijeron sobre cómo se produjo la agresión. El acusado relató ante el tribunal que fue ella quien le agredió y que para repeler el ataque él la empujó, con lo que la mujer cayó al suelo y se golpeó la cabeza, tras lo que habrían forcejeado hasta salir al pasillo del hotel en medio de una pelea.

Ella reiteró que fue él quien la agredió golpeándola con un mazo de cantero en la cabeza mientras se encontraba en el baño y que la volvió a golpear repetidamente mientras ella alcanzaba el pasillo al tiempo que pedía auxilio a gritos.

Los hechos por los que se juzga a Carlos I.P. tuvieron lugar el 2 de mayo de 2016, en una habitación de un céntrico hotel de Vigo, donde el acusado y su mujer se alojaban.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Carlos sorprendió a su mujer por detrás cuando ésta se estaba poniendo crema en el baño de la habitación después de ducharse y la golpeó varias veces.

Como consecuencia de los golpes, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones, que le dejaron diversas cicatrices, así como un cuadro de estrés post-traumático.

Por estos hechos, el ministerio público lo acusa de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la circunstancia agravante de parentesco, y pide que sea condenado a 12 años de cárcel. Asimismo, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante un período superior en 10 años a la pena de prisión, y que se controle esa medida mediante pulsera telemática.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a la mujer en 15.000 euros por las lesiones físicas y psíquicas, y sus secuelas; y que abone 779,30 euros al Sergas por los gastos de la atención a su mujer.