Con cierta satisfacción valoran los vecinos afectados por las expropiaciones del futuro Gran Montecelo la reunión mantenida esta mañana con representantes de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.
El encuentro abre una puerta a la esperanza, ya que arquitectos del gobierno autonómico visitarán de nuevo las propiedades la próxima semana. Son una treintena, entre los que destacan varias viviendas particulares y cinco negocios a pleno rendimiento.
Sus dueños no están de acuerdo con las cantidades publicadas en el Diario Oficial de Galicia por la Xunta, pero el tiempo se les echa encima, ya que todas las previsiones hablan de que este mismo año deben abandonar sus casas, ya que las obras, según la información oficial, comenzarán en 2020.
Los vecinos de Montecelo, acompañados por dos abogados y un economista, se reunieron en la capital gallega con la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, María Jesús Piñeiro.
El encuentro sirvió para que pudieran expresar en conjunto su malestar con las cantidades inicialmente adjudicadas por la Xunta a sus propiedades, mediante publicación el pasado 11 de junio. En total son 2,5 millones de euros, una cuantía que incluye también las indemnizaciones por los perjuicios que supondrá la mudanza de los negocios.
"En la reunión, los afectados expresamos nuestra disconformidad con las valoraciones de las viviendas y negocios realizadas por el Sergas, en las que que no se refleja la situación real de las mismas, se comparan las viviendas con otras con valores muy bajos debido a su estado, calidades y antigüedad", explican los vecinos, que también expusieron su malestar por los criterios aplicados en la valoración de los negocios.
Este descontento ha sido oído por fin por la Xunta, una reunión que los afectados solicitaban a principios del mes de agosto. Entonces, confesaban a FARO que desde que se habían publicado las cantidades para cada propiedad no habían tenido notificación alguna por parte de la Administración autonómica y que "nos enteramos de todo por la prensa".
"Los representantes de la Xunta nos informaron de que van a volver a valorar los negocios y viviendas realizando una nueva visita a las mismas", dicen esperanzados.
Una de las cuestiones en las que insisten es en que los arquitectos ven el interior de dichas propiedades. Y apelan a ello en base a esa primera valoración, de la que difieren, que comparaba sus casas con las de otras parroquias o barrios pontevedreses, Bora o Santa Margarita, entre otros, que se encontraban en claro estado de deterioro o que necesitaban urgentes reformas.
