"Un año histórico para Ponte Caldelas, como fue el 2018, culminado con inversiones como la nueva plaza de España, las actuaciones en 40 caminos del rural o la compra de los terrenos del antiguo Balneario, supone que el Ayuntamiento caldelán se vea penalizado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita la posibilidad de incremento en los gastos de las entidades de la Administración local", asegura el gobierno local socialista.

La liquidación del Presupuesto municipal de 2018, que viene de realizarse estos días, supone que Ponte Caldelas incumplió la regla de gasto (que impide gastar más que el Presupuesto anterior más el IPC) en 666.000 euros y, por tanto, también la estabilidad financiera.

El incumplimiento se explica por el uso de remanentes municipales del año anterior, el crédito para la compra del Balneario y, finalmente, un crédito sin intereses solicitado a la Diputación que fue destinado a obras en el rural y al cambio del césped sintético del campo de fútbol. Dinero para actuaciones e inversiones no solo necesarios, sino estratégicos para Ponte Caldelas.

El Concello convocó un Pleno extraordinario para este miércoles en el que aprobará el obligado Plan Económico-Financiero para cumplir con la ley estatal. El plan, que no supone la adopción de ninguna medida adicional dada la buena salud financiera de la institución municipal, implica el deber de cumplir estabilidad y regla de gasto en los años 2019 y 2020. El informe de Intervención augura el cumplimiento de estos parámetros con la simple ejecución presupuestaria. "La ejecución del presupuesto de 2019 en los términos establecidos en el mismo debe presentar un escenario de liquidación con superávit" y otro tanto prevé el técnico municipal para el presupuesto de 2020.

El alcalde, Andrés Díaz, critica la "absoluta falta de sentido" de los principios de estabilidad financiera y regla de gasto, una limitación que mismo impide a los ayuntamientos gastar el dinero que hay en caja, como los procedentes de sus remanentes, en beneficio de sus vecinos. "Es una barbaridad que se impida gestionar con agilidad y atender las necesidades del vecindario por una simple cuestión de contención del gasto en el sector público, porque el problema del déficit no está en los ayuntamientos", recalca Díaz.

El regidor dice estar "orgulloso" de haber incumplido, al igual que otras muchas instituciones locales.