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Sanidade pone coto a los crematorios al establecer una separación mínima de 200 metros de viviendas y colegios

Es cuatro veces más de lo que fijó el Concello en una norma que anuló el Supremo, pero está por debajo de lo que piden los vecinos

Una protesta vecinal contra los crematorios cerca de las casas. // G. Santos

Una protesta vecinal contra los crematorios cerca de las casas. // G. Santos

La franja de seguridad que establece la Consellería de Sanidade con este nuevo decreto es cuatro veces superior a la que fijaba el Concello en sus propias normas urbanísticas, que era de 50 metros, pero que fue anulada hace seis meses por el Tribunal Supremo. Tras aquel fallo, el gobierno local se había quedado sin armas urbanísticas para impedir esos hornos en el centro urbano. La Xunta viene ahora a cubrir esa laguna.

El decreto autonómico ahora en tramitación especifica que los crematorios de nueva construcción "deberán guardar una distancia mínima de 200 metros" respecto a urbanizaciones, viviendas, residencias, centros sanitarios y educativos, instalaciones deportivas y otras de carácter similar.

Por su parte, aquellos que ya estuvieran en funcionamiento antes de la entrada en vigor del nuevo texto, y que no cumplan la distancia mínima, "deberán presentar un estudio de dispersión de contaminantes a la atmósfera" con el fin de "comprobar que los gases que se emiten no sean peligrosos para el entorno en el que se encuentra", señala Sanidade.

El documento incluye también la creación de un censo de prestadores de servicios funerarios, en el que "se inscribirán las empresas funerarias, tanatorios, velatorios y crematorios de Galicia".

Aunque hace varios años el Concello recibió una avalancha de proyectos para abrir hornos de este tipo en varios puntos del municipio, desde que en septiembre de 2015 abrió el de A Reigosa, esta "fiebre" se apagó por completo y no volvió a reactivarse ninguna iniciativa. Ni siquiera la empresa Funespaña, que tramitaba un recinto detrás del cementerio de San Mauro y tenía la puerta abierta a su ejecución, ha retomado su ejecución.

Un tanatorio desde entonces

De hecho, desde entonces, la única licencia otorgada en relación con los servicios funerarios fue para un tanatorio en la avenida de Montecelo. Fue apenas hace una semana y se levantará en la parcela situada ante la empresa Dielectro Galicia, en la subida al hospital de Montecelo, en un edificio de nueva construcción de planta baja más un piso, con un estacionamiento para 44 vehículos.

Este nuevo tanatorio está promovido por la empresa Albia Servicios Funerarios, que prevé hacer un edificio para cuatro salas velatorias, además de los servicios propios del tanatorio, como capilla, oficina, baños y dependencias internas. En este caso la licencia no incluye instalación de crematorio, que es el proyecto que tanta polémica levantó en su día entre el vecindario de Mourente y que originó la organización de una plataforma vecinal de rechazo. Con el nuevo decreto que prepara Sanidade, ya tendría más dificultades de incorporarse al tanatorio.

En todo caso, los 200 metros para plantea ahora la Xunta como distancia mínima tampoco alcanza la exigencia de la plataforma Crematorios Non de Pontevedra Leste, que siempre exigió una franja de 500 metros en torno a las viviendas.

Desde enero pasado, la ejecución de crematorios en la ciudad carece de normativa urbanística ya que la aprobada en 2015 para regular su ubicación quedó definitivamente anulada. Esta normativa ya había sido invalidada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en noviembre de 2017, al aceptarse entonces un recurso de la plataforma vecinal anticrematorios de A Parda. Esa sentencia fue recurrida por el Concello ante el Supremo, que ni siquiera admitió a trámite ese recurso.

La normativa municipal prohibía estas instalaciones en suelo urbano y otros terrenos y establecía una separación mínima de 50 metros a las viviendas en cualquier emplazamiento. Los vecinos de A Parda, opuestos al previsto entonces por Funespaña detrás del cementerio de San Mauro, acudieron a la vía judicial para exigir que esa separación fuera mucho más amplia, de 500 metros, pero ahora el Supremo "tumba" la normativa entera por carecer de estudio ambiental.

Sin ella, no hay distancia mínima fijada y "se corre el riesgo de que los crematorios puedan instalarse en cualquier lugar", según señalaba entonces el gobierno local. Ahora la Xunta sí fija una separación de 200 metros.

Norma recurrida

El fallo del TSXG que elevó el Supremo a definitivo, condenó a la Xunta y al Concello y anulaba la modificación urbanística realizada por el gobierno local desde 2013, cuando la proliferación de proyectos movilizó a numerosos vecinos contrarios a estas instalaciones cerca de sus casas. Para evitarlo, se acordó que "el uso crematorio se establece como prohibido en el suelo clasificado como urbano o núcleo rural, excepto cuando es complementario de cementerios, tanto existentes o nuevos".

También se admitía en zonas industriales e incidía en que "en todos los casos, se establece la necesidad de mantener una distancia de 50 metros desde el límite de la parcela en la que se sitúe la edificación de crematorio, respeto de aquellas parcelas destinadas a usos residenciales, terciarios o equipamientos comunitarios excepto cementerios, así como de los lindes con municipios limítrofes".

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