La Fiscalía Provincial de Pontevedra mantuvo ayer su petición de condena a cuatro años de prisión para un promotor, Borja G. M., acusado de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público considera que este empresario se apropió de algo menos de 30.000 euros que una pareja le entregó para que construyese su vivienda en Marín. Una vivienda que este empresario nunca terminó y cuya construcción los afectados tuvieron que encargar finalmente a otra empresa sin que pudieran recuperar estos 30.000 euros.

El acusado reconoció que era administrador de una primera empresa a la que esta pareja había encargado la construcción de la vivienda. También reconoció que los denunciantes entregaron a esta firma una provisión de fondos de 30.000 euros. En agosto de 2016 reconoce que firmó dos contratos con esta pareja, el primero para resolver el contrato previo y el segundo para recoger la continuación de la obra con una empresa nueva de la que él era socio único. También reconoció que dicho contrato recogía la transferencia a la nueva empresa de los 30.000 euros que se habían entregado como provisión de fondos.

Como garantía para no perder este dinero, los dos denunciantes aseguran que exigieron al acusado un aval bancario por esta cantidad. Ambos señalaron que, aunque la fecha de los contratos es de agosto de 2016, los contratos realmente "no se firmaron hasta septiembre, cuando nos dio el aval bancario".

Con este documento en mano, aseguran que esperaban que el acusado continuase con la obra de construcción de la vivienda, pero afirmaron ante el tribunal que vieron como pasaban las semanas y que apenas se ejecutaban obras en la vivienda. Abonaron una única certificación de obra que les pasó el acusado deunos 3.500 a los que se le descontó el 30% que se detrajo de la mencionada provisión de fondos de 30.000 euros.

Asegura que en un momento nada vieron que la obra no se movía nada y entonces decidieron enviar a su abogado al banco para ejecutar el aval. Su sopresa llegó cuando en el banco le dijeron que el aval era "falso".

El acusado aseguró ayer en el juicio que él nunca entregó ningún aval a los dos denunciantes y asegura que nunca dejó de construir la obra. Afirmó ayer que la paró cuando remitió una segunda certificación a las presuntas víctimas pero que estas nunca le pagaron ni le contestaron, aunque reconoció a la fiscal que no aportó ninguna documental que suscriba esta afirmación quizá "por dejadez". También negó haber entregado aval bancario alguno a los denunciantes.

La fiscal del caso mostró su extrañeza por estas manifestaciones que realizaba hoy, por vez primera, en el juicio y sin aportar prueba documental alguna.

Los dos denunciantes explicaron una versión radicalmente opuesta. Aseguran que tras aquella primera certificación de 3.500 euros que pagaron al acusado, no volvieron a recibir ninguna más y que fue entonces cuando descubrieron que el aval era falso. Aseguran que "intentamos contactar con él pero no nos dio respuesta, quisimos reunirnos con él por activa y por pasiva pero nunca apareció".

La Fiscalía mantuvo su petición de condena aunque modificó ligeramente la responsabilidad que pide el acusado, al detraer de los 30.000 euros que aportaron los denunciantes la cantidad de 1.483 euros que se descontó de la provisión de fondos con aquella primera certificación que sí les facturó el acusado.

Por su parte, la abogada de la defensa, Eva Añón, de VR Gestiones Judiciales, solicitó la libre absolución del acusado al entender que no quedó acreditado que su acusado se apropiase de los 30.000 euros que fueron entregados inicialmente a otra administradora y empresa y que nunca se transfirieron a la nueva empresa. Tampoco se logró acreditar quién o cómo alteró o falsificó el aval bancario que su cliente niega haber entregado a los denunciantes.