Las imprudencias en el monte, detrás de las que se esconden también muchos de los incendios forestales que asolan el monte gallego, también tienen consecuencias ante los juzgados. Esta semana las salas de lo Penal de Pontevedra acogen varios juicios por incendios cuyo origen está en actuaciones imprudentes por parte de los propietarios de las parcelas forestales.

Es el caso de uno que tendrá lugar mañana mismo y que sienta en el banquillo de los acusados a un pontevedrés que el 29 de agosto de 2017 realizó una quema de restos forestales en una finca de su propiedad sin tomar las medidas preventivas que exige la legislación. De hecho, ni tan siquiera había pedido el permiso correspondiente ni había realizado las correspondientes franjas perimetrales de seguridad exigidas, eliminando cualquier resto vegetal en un radio de cinco metros. Tampoco se aprovisionó en el lugar de agua suficiente para apagar el fuego y todo ello en unas circunstancias de alto riesgo de incendio, habida cuenta de que la tempertura superaba los 27 grados, había un viento seco de noroeste y una humedad del 41%, según relata la Fiscalía.

Aún así, el acusado realizó la quema y, según el fiscal, "debido a la falta de estas medidas de seguridad" y a las condiciones ya descritas, sobre las 16:11 horas del 31 de agosto de 2017 se originó un incendio por "el descontrol del fuego de una de las hogueras, extendiéndose de forma ascendente" y que afectó a cuatro mil metros cuadrados de arbolado de eucalipto y 200 metros de monte raso que fue extinguido rápidamente gracias a la actuación de los servicios de la Xunta.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave y pide para el acusado once meses de prisión, una multa de 10 meses a 12 euros al día y que además abone a la Xunta los gastos de la extinción que ascienden a 5.529 euros.