Los robos en locales empañan las estadísticas de criminalidad en el primer trimestre

A ellos hay que sumar las estafas por internet que siguen en su línea ascendente

Redacción | Pontevedra

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba subrayó ayer que los números de las estadísticas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la provincia de Pontevedra demuestran que en estos primeros meses de 2019 las infracciones penales están contenidas y son bastantes buenas "salvo por los robos establecimientos comerciales y las estafas de internet".

Larriba presidió ayer la celebración de la junta provincial de seguridad que contó con la participación de la comisaria provincial de la Policía Nacional, Estíbaliz Palma, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Touceda, así como los responsables de la unidad de la policía autonómica. Fueron los mandos policiales los que ofrecieron estos datos a la subdelegada para su análisis.

Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil coincidieron en destacar que los tres primeros meses del año están siendo buenos al registrar un descenso de los índices de criminalidad, además de mantener los niveles la eficacia policial en un porcentaje elevado con un esclarecimiento de los hechos delictivos entorno al 40 por ciento.

Los robos en establecimientos comerciales, que tienen un ligero repunte sobre los datos del año pasado, y los delitos en internet, que mantienen un crecimiento muy importante, son las dos estadísticas que "empañan la situación de la provincia". Precisamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están desarrollando dispositivos de seguridad ciudadana para combatir ambas actuaciones. Cabe destacar, por ejemplo, que en las últimas semanas en Pontevedra se registraron diferenes robos en locales de copa y establecimientos del centro, especialmente en el casco histórico.

Consumo de drogas

La subdelegada del Gobierno reconoció que en muchas ocasiones estos repuntes de la delincuencia contra establecimientos vienen asociados al consumo de estupefacientes, por lo que consideró necesaria la implicación de los servicios sociales para el tratamiento de estas personas "que roban para poder consumir" estas sustancias.

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